El transporte público colectivo de Ibagué atraviesa una situación que, según el gremio, "ya pasó de ser una preocupación sectorial a convertirse en una crisis que amenaza la sostenibilidad del servicio". Los transportadores aseguran que están económicamente golpeados y que permanecen en “asamblea permanente”, mientras analizan qué acciones emprender frente a lo que consideran incumplimientos y deficiencias en el manejo del transporte por parte de la Administración Municipal.

Ecos del Combeima se puso en contacto con el señor José Expedito presidente de Asotrastol que agrupa más de 130 propietarios con más 350 busetas y con Eduardo Sánchez quienes manifestaron el malestar que sienten por la falta de atención por parte de la Administración Local

Uno de los principales reclamos está relacionado con la falta de creación del Fondo de Estabilidad Tarifaria, mecanismo que, de acuerdo con los transportadores, permitiría mantener una tarifa asequible para los usuarios sin trasladar todo el impacto económico a las empresas y propietarios de los vehículos.

A esto se suma otro problema que el gremio considera urgente: el pago de la sobreoferta. Para los transportadores, solucionar este asunto resulta fundamental para avanzar hacia una renovación de la flota, pues aseguran que muchos vehículos ya presentan una edad considerable y requieren ser reemplazados para garantizar mejores condiciones en la prestación del servicio.

“La ilegalidad nos tiene prácticamente en la ruina”

El reclamo de los transportadores no se limita a las decisiones administrativas. Uno de los puntos que genera mayor preocupación es el crecimiento de lo que califican como transporte ilegal, especialmente el mototaxismo y el uso de vehículos particulares y plataformas para prestar servicios de transporte.

Desde el gremio cuestionan que particulares utilicen carros y motocicletas para transportar pasajeros sin cumplir, según su denuncia, con las mismas condiciones y obligaciones exigidas al transporte público formal.

También expresaron preocupación por las condiciones de higiene y seguridad que, aseguran, pueden presentarse en algunos servicios informales. Como ejemplo mencionaron el uso compartido de cascos entre pasajeros de motocicletas, situación que consideran un riesgo sanitario.

La discusión, sin embargo, va más allá de la competencia económica. Los transportadores sostienen que mientras las empresas legalmente constituidas deben responder por seguros, mantenimiento, requisitos operativos y demás obligaciones, el transporte informal estaría creciendo sin asumir esas mismas cargas.

Paraderos invadidos y una movilidad que, según el gremio, está desbordada

Otro de los cuestionamientos está relacionado con el manejo de la movilidad. Los transportadores señalan que algunos de los paraderos establecidos por la Alcaldía terminan siendo utilizados como zonas de estacionamiento, lo que afecta directamente la operación de las rutas y convierte estos espacios en infraestructura que, en la práctica, no estaría cumpliendo su propósito, para el sector, la solución no pasa únicamente por construir o señalizar paraderos, sino por garantizar que sean respetados y que exista control permanente sobre quienes los invaden, "qué con poner esos tableros y señalizar el suelo si no hay manera que eso esté demarcado si no lo respetan y tampoco lo hacen respetar", comentó a Ecos del Combeima uno de los transportadores.

El gremio también cuestiona la labor de los agentes de tránsito. Según su denuncia, existe una persecución permanente contra los vehículos de transporte público formal, con comparendos e inmovilizaciones, mientras consideran que no se estaría ejerciendo el mismo nivel de control frente al mototaxismo y la piratería.

“Los transportadores estamos quebrados”, es la advertencia que resume el malestar del sector, que asegura encontrarse en una especie de estado de asamblea permanente mientras evalúa la situación económica y las posibles acciones de manifestación.

El reclamo de fondo: sobrevivir, renovar la flota y competir en igualdad de condiciones

La crisis planteada por los transportadores pone sobre la mesa una discusión que afecta directamente a los usuarios. Si las empresas que prestan el servicio formal pierden sostenibilidad económica, también se compromete la capacidad del sistema para renovar sus vehículos, mantener una operación adecuada y responder a las necesidades de movilidad de la ciudad.

Por eso, el llamado del gremio no solo está dirigido a la Alcaldía, sino que abre una pregunta para toda Ibagué: ¿cómo garantizar un transporte público sostenible, seguro y accesible cuando quienes lo operan aseguran estar al borde de la quiebra?

Mientras los transportadores esperan respuestas y analizan nuevas acciones, la ciudad queda frente a un escenario que exige decisiones. La discusión no puede reducirse únicamente a cuánto cuesta el pasaje; detrás de la tarifa están la renovación de la flota, la regulación de la informalidad, el control del espacio público, la movilidad y, finalmente, la calidad del servicio que reciben miles de ibaguereños todos los días.

El gremio dice estar dispuesto a continuar conversando, pero también deja una advertencia: si no se atienden sus reclamos, la “asamblea permanente” podría convertirse en el punto de partida de nuevas acciones para hacer visible una crisis que, según los transportadores, ya resulta imposible seguir ocultando.