Las afueras del Palacio de Justicia de Ibagué se convirtieron ayer en el epicentro de un doble reclamo ciudadano. Mientras diversos sectores sociales manifestaban su rechazo al incremento de las tarifas del servicio público colectivo, la Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo aprovechó la movilización para instalarse como garante frente a otra preocupación creciente: el presunto incumplimiento del nuevo salario mínimo legal por parte de algunos empleadores en la capital.

La jornada estuvo marcada por una atmósfera de tensión económica. Por un lado, el costo de vida golpea el bolsillo de los ibaguereños con el aumento en los pasajes; por otro, la incertidumbre laboral se hace presente en quienes aseguran que el incremento salarial de 2026 aún no llega a sus cuentas. 

En este escenario, Lina Zaida Carolina Mendieta Moreno, directora de la Territorial Tolima, hizo presencia para fiscalizar la situación.

Según la funcionaria, la intervención de la oficina del trabajo responde a la necesidad de proteger a los empleados que se sienten vulnerados ante la falta de ajuste en sus remuneraciones. "Nosotros, como garantes de los derechos de los trabajadores, hacemos presencia para apoyar la legalidad del decreto", afirmó Mendieta, refiriéndose a la normativa que rige el salario mínimo este año.

Además del control salarial, el plan del Ministerio aborda de manera colateral la crisis de ocupación en el municipio. La directora señaló que, aunque el desempleo juvenil sigue siendo uno de los "grandes flagelos" locales, la vigilancia del cumplimiento del salario mínimo es un paso fundamental para dignificar las pocas oportunidades que se abren para este sector de la población.

El plan de vigilancia de la Territorial Tolima continuará con visitas aleatorias a empresas y puntos de atención en zonas de alta afluencia. Así mismo, el Ministerio del Trabajo recordó a la ciudadanía que cualquier irregularidad respecto al salario mínimo o la seguridad social puede ser reportada directamente ante sus inspectores, quienes tienen la potestad de iniciar procesos sancionatorios para garantizar que la Ley del Trabajo se respete en cada rincón de Ibagué.