El concejal de Ibagué, Jorge Bolívar, aseguró que la intervención de la Unidad de Salud de Ibagué (USI) por parte de la Superintendencia Nacional de Salud es consecuencia directa de “presuntos actos de corrupción, un déficit continuo y un deterioro crítico en la atención”, problemas que —según dijo— fueron advertidos por él desde julio de este año.

Durante una entrevista en Ecos del Combeima, Bolívar recordó que en un debate de control político demostró que el 70% de los ingresos de la USI se destinaban a gastos de personal y contratos de prestación de servicios, muchos de ellos —afirmó— vinculados a favores políticos. Agregó que desde 2021 la entidad mantiene un déficit financiero anual y que varios centros y puestos de salud “están cerrados o sin condiciones mínimas de operación”.

El cabildante también señaló deficiencias como la falta de laboratorios, la ausencia de rayos X, la escasez de ambulancias y la frecuente necesidad de que los pacientes compraran sus propios medicamentos para recibir atención.

Bolívar insistió en que la medida de la Superintendencia “arranca de las manos de la Alcaldía el control de la USI”, evitando que la administración municipal siga designando gerentes o contratistas. Según él, la entidad fue utilizada para “pagar favores politiqueros”, con contratos de hasta 10 mil millones de pesos anuales.

Señaló además que, aunque la gerente encargada había mencionado la existencia de un superávit, solo puede conocerse el balance real al cierre del año fiscal, el 31 de diciembre. No obstante, afirmó que los supuestos resultados positivos obedecen a más de 50 mil millones de pesos girados por la Alcaldía y el Gobierno Nacional para cubrir el déficit, recursos que —dijo— también habrían sido mal utilizados.

El concejal fue enfático en que la responsabilidad del deterioro de la USI recae sobre la administración municipal, pues “los gerentes solo siguen la línea del alcalde o alcaldesa”. Sostuvo que la crisis no puede atribuirse únicamente a los funcionarios encargados, sino al direccionamiento político y administrativo desde la Alcaldía.

También criticó la demora en proyectos como la Unidad Intermedia del Salado y la intervención prometida para la Comuna 8, asegurando que llevan seis años sin avances reales, pese a tener recursos asignados desde 2020.

Frente a opiniones que apuntan a posibles intereses políticos del Gobierno Nacional en la intervención, Bolívar respondió que “la causa principal se llama corrupción”, y que lo fundamental ahora es vigilar que la contratación durante la intervención no termine siendo usada para campañas electorales.

Sobre la posibilidad de que el Hospital Federico Lleras Acosta sea el siguiente en ser intervenido, el concejal afirmó que será clave revisar sus indicadores financieros y administrativos.

“Si las cuentas no dan, la Superintendencia tendría que actuar; si hay buen manejo, la gobernadora debe seguir al frente”, expresó.

Finalmente, Bolívar recordó que en julio radicó formalmente la solicitud de intervención ante la Supersalud y celebró que su advertencia haya sido escuchada.