La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra funcionarios de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Ibagué (IBAL S.A. E.S.P. Oficial) por posibles anomalías en un contrato de obra por más de $18 mil millones para la rehabilitación, reposición y mejoramiento de las redes de acueducto y alcantarillado en la ciudad.

El proceso disciplinario, adelantado por la Provincial de Instrucción de Ibagué, busca establecer si hubo faltas en la planeación, supervisión e interventoría del contrato que hace parte del proyecto conocido como Acueducto Complementario. Inicialmente, el contrato fue suscrito por $12.606 millones y recibió una adición posterior de $5.879 millones.

Según los hallazgos de una auditoría de cumplimiento realizada al IBAL correspondiente a las vigencias 2022 y 2023, se detectaron pagos por aproximadamente $608 millones por la construcción de un sistema de contención de taludes que, al parecer, no fue ejecutado ni tiene soportes técnicos que lo respalden.

La investigación también señala cobros irregulares por transporte de materiales, donde se habría facturado el traslado desde una cantera más lejana a la realmente utilizada, lo que generaría un posible detrimento patrimonial de unos $189 millones.

Además, el ente de control advierte que parte del contrato habría sido financiado con recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), los cuales tienen un uso exclusivo para redes de acueducto y alcantarillado, pero que se habrían destinado a labores de pavimentación, lo que podría constituir un uso indebido de dineros públicos.

La Procuraduría continuará con las actuaciones disciplinarias para determinar si los funcionarios involucrados incurrieron en faltas en el ejercicio de sus funciones y compromisos contractuales.