La Contraloría Municipal de Ibagué dio a conocer en la mañana de este martes el informe definitivo correspondiente a la investigación que se adelantó en torno al proceso de contratación desarrollado por la Alcaldía para la atención de la emergencia provocada por el COVID-19.

Inicialmente, el contralor Iván Darío Delgado dejó claro que el ejercicio de vigilancia en la capital tolimense no va en contravía del accionar de la Contraloróa General, pues en su momento se filtró un informe preliminar que supuestamente arrojaba informaciones contrarias entre en ente local y el nacional.

Delgado también manifestó que los contratos firmados por el Gobierno Municipal se encuentran dentro del escenario legal y cumpliendo con los ordenamientos jurídicos al satisfacer la relación directa establecida entre sus objetos y la declaratoria de urgencia manifiesta a raíz de la pandemia.

Con respecto al contrato 240 por $84 millones para la prestación de servicios logísticos orientados a garantizar el desplazamiento del personal de la salud, se había establecido una observación relacionada con la carencia de documentación. Sin embargo, tras el proceso investigativo, se evidenció que el alcalde disponía de facultades, máxime cuando el transporte público se encontraba suspendido.

Por otra parte, en relación con el contrato 0243 por $186 millones para la prestación de servicios de empleo temporal para la atención de la emergencia, "no se encontraron observaciones", mientras que en el contrato 0236 suscrito con Mercacentro por $5.575 millones para la contratación de los mercados entregados a familias en condición de vulnerabilidad, se establecieron tres observaciones preliminares que fueron contrarrestadas por los argumentos de defensa sustentados por el Gobierno Municipal.

"No existe ningún tipo de sobrecosto en los productos adquiridos por la Alcaldía (...) este es un trabajo técnico que se ha hecho por parte de los funcionarios de la Contraloría", puntualizó Delgado.