La Procuraduría General de la Nación dio a conocer hace algunos minutos que formuló pliego de cargos al alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo y al exgerente del IBAL, José Alberto Girón, hoy candidato a la Alcaldía de la capital tolimense por haber encontrado irregularidades en la suscripción del contrato que tiene por objeto la construcción de la primera etapa de la segunda fase del Acueducto Complementario, hechos que ya habían sido denunciados por el conocido columnista Eduardo Bejarano. 

Según el órgano de control, el mandatario de los ibaguereños y el exgerente de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado, deberán responder por las presuntas irregularidades encontradas en el contrato 202 de 2017 por más 27.400 millones de pesos que busca ampliar la cobertura del servicio de agua potable en la ciudad.

El Ministerio Público le reprochó a Girón, hoy candidato a la Alcaldía, la suscripción del negocio jurídico cuyo objeto era la construcción de la primera etapa de la segunda fase del acueducto complementario de Ibagué, al parecer, sin contar con los permisos de ocupación de cauce y aprovechamiento forestal, y sin actualizar aparentemente el Plan de Manejo Ambiental.

Expuso en este punto que ante la falta de dichos permisos se pudo retardar la ejecución de las obras, debido a que la autoridad ambiental, en este caso, Cortolima, ordenó la suspensión de las mismas, pero no fueron acatadas como lo reiteró en varias oportunidades el gerente de la Corporación, Jorge Enrique Cardoso, por lo que para la Procuraduría esta situación era previsible a la firma del contrato por parte del gerente de la IBAL.

Para el caso de alcalde, Guillermo Alfonso Jaramillo, la Procuraduría le cuestionó omisión al ejercer los deberes de dirigir la acción administrativa del municipio, asegurar la prestación del servicio público de agua potable y coordinar las actividades con la Empresa IBAL S.A. E.S.P., en relación con las obras objeto del contrato No. 202 del 29 de diciembre de 2017, al no ejercer presuntamente de manera eficaz el control de tutela.

Es por eso, que advirtió que la construcción del Acueducto Complementario de Ibagué es un proyecto importante para el municipio, el cual fue adoptado como una estrategia del Plan de Gobierno del mandatario de los ibaguereños en desarrollo del control de tutela, podía intervenir de manera eficaz y evitar la suspensión de las obras por orden de la autoridad ambiental.

Es así como la presunta falta del exgerente del IBAL, fue calificada de manera provisional como gravísima a título de culpa gravísima, mientras que la conducta del alcalde Jaramillo se consideró de manera preliminar como grave a título de culpa grave.

Es de recordar que quien denunció en el año 2017 las irregularidades en la suscripción del contrato para la construcción de la primera etapa de la segunda fase de este proyecto fue el columnista Eduardo Bejarano.

Frente a este hecho, Econoticias recuerda, que para el año 2017 quien destapó las irregularidades en esta contratación fue el columnista Eduardo Bejarano, el cual advirtió que “los diseños de lo que se está contratando se hicieron en el 2013 y resulta que estos diseños en su momento no consideraron el tema de la doble calzada Cajamarca que después se adjudicó”, dando a entender que el IBAL no lo tuvo en cuenta para la ejecución del mismo.

En diálogo con Econoticias para el 21 de noviembre de 2017, y en una de sus columnas, Bejarano advirtió que “fuentes internas de la empresa que han pedido reserva de su identidad han señalado que este proyecto es inviable y se encuentra mal planeado, lo que podría acarrear sobrecostos, demandas, cuantiosas adiciones presupuestales y lo peor, la posible inoperancia de la infraestructura una vez terminada”.

Escuche la entrevista hecha a Eduardo Bejarano en esa época: “En el Ibal hay un afán de contratar esta obra”: Eduardo Bejarano sobre la licitación del Acueducto Complementario por $27 mil millones

En su publicación, fue el primero en señalar que el contrato por el que la Procuraduría le formula cargos a Jaramillo y a Girón “no cuenta con licencia ambiental, lo que claramente haría que el plazo inicialmente concebido para la ejecución del proyecto (12 meses) tenga que prorrogarse necesariamente, pues sin dicho permiso de CORTOLIMA no se puede hacer intervención alguna”. Leer: Extra: ¡Modelo Typsa se toma el Ibal!

Situación que evidencio las explicaciones hechas por el director de Cortolima, debido a que “dodos los diseños de las distintas fases de este proyecto han sido calculados con el caudal inicial autorizado en 2007 para el Río Cocora el cual, diez años después y habida cuenta de la degradación de las condiciones ambientales, seguramente tendrá una menor disponibilidad de agua. En efecto, al revisar los diferentes documentos de esta licitación, se encuentra la resolución 1095 de Septiembre 10 de 2007 de CORTOLIMA, la cual otorga al Ibal una concesión de aguas del Río Cocora en cantidad de 1009 litros por segundo".