Prácticamente sin la representación de sus concejales quedó el municipio de Ibagué luego de que la Procuraduría para la Vigilancia Administrativa sancionara con suspensión de 9 meses, a 16 de sus 19 cabildantes.

La Procuraduría calificó como una falta gravísima de los concejales el proceso de selección del contralor para el periodo 2016-2019, Ramiro Sánchez,  quien un año antes de su elección ejercía como director de la Escuela Superior de Administración Pública (Esap) seccional Tolima, lo que implica una violación al régimen colombiano de inhabilidades.

Ricardo Ferro realizó una rueda de prensa el pasado jueves en la ciudad de Ibagué con el objetivo de dar cuenta de su gestión en el Congreso de la República durante los primeros 150 días, y en medio de los informes que soportan su qué hacer como político, aprovechó para salirle al paso a la polémica que se generó en esta capital a raíz de la inhabilidad de 16 concejales.

"Le he hecho una invitación a los concejales en esta época navideña para que piensen qué es lo que más le conviene a Ibagué, que ellos se queden sin poder sesionar o que den un pasa al costado para que quienes les siguieron en votos en sus partidos o movimientos políticos, puedan ir al Concejo Municipal y cumplir con esa labor de control tan importante", dijo Ricardo Ferro.

El presidente del Concejo de Ibagué le recordó a Ricardo Ferro que los concejales no incurrieron en ninguna falta penal, fiscal o civil, "sino una arbitrarierdad que conduce a un fallo disciplinario de un estamento administrativo y no judicial". Rosas agregó que el día de la votación actuaron conscientes de que estaban haciéndolo bien y "con la fe de que Ramiro Sánchez no estaba inhabilitado".

Sin embargo, las declaraciones más fuertes llegaron con el siguiente polémico ejemplo: "Es como si la esposa de él (Ferro) supuestamente lo estuviera engañando y él por un supuesto le firmara el divorcio y renunciara al amor de su familia y de su esposa".

El análisis

Eduardo Bejarano indicó que la ciudadanía estaba a la espera de un castigo ejemplar, pero cuestionó a la Procuraduría porque el fallo se produjo después de que el jefe de esa organismo estuviera en el municipio de El Espinal con algunos políticos del departamento.

"Así no haya tenido nada que ver el procurador, me parece que esta sanción deja muy mal parada ante los ojos de los ciudadanos a la Procuraduría. Hay que señalar que se pueden dar por bien servidos los concejales de Ibagué, porque si uno mira lo que ha pasado en Valledupar, en Neiva y en otras ciudades, el tema ha sido mucho más grave, incluso con connotaciones penales muy serias", contó Bejarano.

El analista político denunció la presunta inoperancia de los organismos de control como contribuyente para la desconfianza que existe entre los ciudadanos.

Más declaraciones

Entre tanto, Jorge Palacios soportó el argumento recalcando que la Procuraduría sancionó con 12 años a los concejales de Valledupar por un caso que al parecer es muy similar al de la capital tolimense, solo que en el caso local la inhabilidad solo comprende un periodo de nueve meses.

"Como no los han notificado, entonces muchos de ellos están pensado en renunciar haciendo algún tipo de alianza con las personas que los van a suceder y todo sigue como si nada. Esa es la justicia que genera el menosprecio que tiene la gente por las instituciones y por el ministerio público", manifestó el analista Jorge Palacios.

Según Palacios, el fenómeno de las elecciones en Ibagué da cuenta de una mayor cercanía con los concejales, lo que a su vez ha desencadenado en un negocio político distante del verdadero qué hacer de los representantes.