Hoy se debate en el Concejo la aprobación del acuerdo 46 que tiene como objeto entregar alivios tributarios a los ibaguereños en el pago de impuesto predial para la vigencia 2019.

El proyecto contempla un aumento segregado por estratos en el sector residencial:

Estrato 1 hasta el 15%

Estrato 2 hasta el 20%

Estrato 3 hasta el 30%

Estrato 4 hasta el 35%

Estrato 5 y 6 hasta el 50%

En cuanto al sector comercial plantea:

Avaluó de 0 a 100 millones de pesos del 30%

Avaluó de 101 millones a 200 millones de pesos del 40%

Avaluó de 201 millones a 500 millones de pesos del 50%

Avaluó superior a 500 millones de pesos 60%

Veliz Mejía, presidente de Camacol Tolima, explicó que la ciudad se encontraba en una desactualización catastral de más de 9 años y por tanteo al entrar a actualizar se ve afectado gravemente el bolsillo de todos.

“Nuestra propuesta ha sido que la transición de un año a otro durante 5 años no sea tan impactante, tengo entendido que la Ley Nacional dice que no se puede cobrar más del doble de lo que se pagó el año pasado, por eso para nosotros se requiere un aumento gradual para que se aumente el recaudo por encima del IPC para que no se afecte tanto las finanzas de los ibaguereños”.

Mejía afirmó que debe haber un equilibrio entre los recursos que necesita la administración para hacer obras y lo que pueden pagar los contribuyentes para no verse significativamente afectados.

María Cristiana Lara, directora de la ANDI en el Tolima, comentó que entienden que el municipio tiene la competencia y obligación de realizar la actualización catastral pero se deben evaluar los impactos sobre los contribuyentes.

“Creemos que este es un alivio importante para los contribuyentes en este año pero si ponemos en el centro de la discusión, el empleo de calidad y estable para los ibaguereños, debemos pensar en crear un estatuto tributario den donde los tributos del municipio cuenten con tarifas competitivas que nos permitan retener y atraer inversión a la ciudad, solicitamos incluir el uso industrial, comercial y de servicios y poner en el centro de la discusión el empleo como un enfoque de competitividad”.  

Por su parte el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, Luis Alfredo Huertas, afirmó que el 96,3% de los empresarios son microempresarios y el 78% de los predios corresponden al sector entre 0 y 100 millones de pesos por lo cual el aumento realmente impactará a los comerciantes más modestos de la ciudad.

Además explicó que el aumento del 3% del IVA para llegar al 19% metió a los compradores en sus casas y el comercio se ha visto enormemente perjudicado por lo que un nuevo aumento de esta naturaleza podría terminar de hundir a un amplio número de emprendedores.

“Tenemos una tasa de desempleo de 12.9% de la cual no hemos podido salir, un tejido empresarial que no crece, un promedio de ingresos inferior al salario mínimo y un promedio de 3 personas viviendo en un hogar, si a eso le sumamos que la actualización catastral creció en promedio un 93% el valor de los predio y en los comerciales un aumento del 125% tenemos una cantidad de personas que no tendrán como pagar sus impuestos”.

Huertas afirmó que sea legal el aumento no significa que sea justo y se debe tener un contexto real de lo que está pasando en la economía local.

Óscar Germán Díaz, director de Fenalco, agregó que a nivel nacional la tasa impositiva de los empresarios supera el 60% por lo que la decisión que se tomé en el Concejo será histórica para la ciudad.

“El 32% de la fuerza laboral la genera el comercio, los restaurantes y los hoteles, el 14% lo genera la industria, el año pasado teníamos una fuerza laboral más robusta por parte del primero porque el año pasado estaba en el 35%, son 3 puntos que han decrecido por condiciones nacionales y por las medidas que ha tomado la administración con respecto a uso del espacio público”.

Díaz afirmó que esta última medida ha fomentado la informalidad en la ciudad porque los empresarios no ven viable generar empleo formal bajo las actuales condiciones.

“Los empresarios y comerciantes de la ciudad esperan que hoy se dejen establecidas políticas claras que garanticen la estabilidad jurídica y no se esté de nuevo diciéndoles que se redujo aún más la generación de empleo, hay que proteger a los empresarios que son los que generan riqueza y empleo formal”.

En este sentido Óscar Germán Díaz afirmó que la única vía para que se dé un beneficio a los contribuyentes es la tarifa y desde que se dio la actualización catastral señalaron que el tema real es el estatuto tributario y la revisión de las tarifas.

Juan Pablo Sánchez, gerente de Ecos del Combeima,  indicó que al Gobierno Municipal no le interesa la posibilidad de reducir las tarifas, y se refirió a los polémicos "alivios" que promueve la Alcaldía con un proyecto de acuerdo que contempla aumentos porcentuales segregados a partir del próximo año:

"La realidad económica ha demostrado que Ibagué no está en el mejor momento de competitividad. Tenemos 11.900 inmuebles desocupados en nuestra ciudad, tenemos un desempleo de dos cifras. El acalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, nos compara con Bogotá para el tema de la actualización catastral, y es cierto, Bogotá está actualizada al 80% del valor real de un inmueble, pero por qué no comparamos por tarifas. La tarifa de Bogotá es tres o cuatro puntos más económica que la de Ibagué.

Los alivios le van a generar a la Alcaldía una caja adicional de $30 mil millones, pero el doctor Juan Espinosa dice que facturamos $100 mil millones de los cuales se recogen más de $60 mil millones. Si Ibagué queda valiendo $17 billones, ahí hay una cifra para poder, aún así se reduzca la tarifa, al menos facturar $125 mil millones para recoger $15 mil millones más, y no se afectarían las arcas del municipio; lo que pasa es que la Alcaldía quiere recoger urgente $30 mil millones del hueco por la plata que nos robaron de los escenarios, pero no es culpa de los contribuyentes".

También recalcó que sí se puede bajar la tarifa sin que exista un golpe contundente en la 'billetera' del municipio. Además, cuestionó la gestión de la Alcaldía ante el Gobierno Nacional y el rechazo de las APP como otra herramienta importante para ejecutar obras en Ibagué:

"En esa ley expresamente se dice que cuando se ajustan tarifas el aumento es del 25%, ustedes se están exponiendo a una investigación porque la Ley 44 sí lo permite pero hay una contradicción con la Ley 2011, que no habla ni por estratos ni por sector comercial, habla de un aumento máximo en el pago del impuesto del 25%. En qué quedaron las APP, por qué en Ibagué no pueden llegar inversionistas a hacer APP, por qué todo tiene que ser vía endeudamiento o pago de impuestos".