La Gobernación del Tolima envió a control de legalidad el acuerdo que aprobó el Concejo de Ibagué mediante el cual se pretendía reducir la tarifa del impuesto predial, por tal motivo, ahora el Tribunal Administrativo del Tolima deberá revisar que dicha medida se encuentre en orden con respecto a los parámetros que establece la ley.

Dora Patricia Montaña, directora jurídica del Gobierno Departamental, explicó que el acuerdo es inconstitucional e ilegal, sin embargo, aclaró que las presuntas irregularidades corresponden a un accionar bien intencionado y de buena fe en medio del afán por 'calmar las aguas' del escándalo que se generó en torno al ya famoso 'predialazo'.

Cabe señalar que el acuerdo que avala el aumento del 3% en el cobro del impuesto predial en esta capital para la vigencia 2018 no queda descartado, por el contrario se mantendrá vigente hasta que el Tribunal Administrativo del Tolima emita un concepto definitivo y se garantice que no hay vulneración de la orden jurídica.

La clase política en el Tolima se pronunció

El diputado Jairo Forero aseguró encontrarse consternado con la decisión que tomó la oficina jurídica de la Gobernación, y recalcó que el acuerdo municipal incluso contó con una consultoría en el Gobierno Nacional, particularmente a la directora de asuntos fiscales del Ministerio de Hacienda. "Ojalá que esta decisión no tenga un transfondo político", puntualizó Forero. 

Por su parte, el concejal Camilo Delgado recordó que el acuerdo municipal que garantiza un cobro justo del impuesto predial derivado del avalúo catastral se mantendrá vigente hasta que exista un pronunciamiento del Tribunal, tal y como lo había advertido también Dora Patricia Montaña. Delgado advirtió que en caso de que no exista aprobación, el Gobierno Municipal tendrá que iniciar un proceso de refacturación. 

Más opiniones

El abogado Hernando Álvarez Urueña indicó: "Uno queda como desconcertado frente a la actitud del gobernador porque yo he visto que la oficina jurídica de la Gobernación es seria y bien fundamentada. No sé si aquí se está tomando una actitud política como de darle garrote al alcalde, como que quieren complicar más una situación que es contra todos los ciudadanos". 

"El señor gobernador tomó esa decisión con el fin de curarse en salud (...) lo que estamos haciendo los ciudadanos de a pie es cancelar el recibo que nos están entregando, con la solicitud ante el Tribunal se despejarán todas las dudas (...) se podrían generar unas repercusiones de tipo jurídico para los concejales", apuntó Leandro Vera, director de estudios estratégicos de Planeación.