Iniciando el año, en el mes febrero, se llamó a imputación de cargos al exgobernador Fernando Osorio y al gobernador Óscar Barreto por el convenio Andrés Bello que firmó Osorio y debió liquidar durante su primer mandato Barreto, los presuntos delitos imputados fueron de contratos sin requisitos legales, prevaricato por omisión y peculado por apropiación al gobernador del Tolima y los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros al exgobernador.

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Actualmente el exgobernador Fernando Osorio esta cobijado bajo la medida de casa por Cárcel y el proceso Continúa en curso. 

Por otra parte el pasado 20 de diciembre el alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, fue llamado a imputación de cargos por el convenio firmado con la Corporación Folclórica Colombiano por 1.690 millones de pesos, la imputación quedó aplazada hasta el próximo año luego que el mandatario solicitará tiempo debido a que no contaba con un abogado para su defensa. 

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Gobernador y alcalde imputados por contratación

Para el analista Juan Pablo Estrada la situación del Tolima en cuanto a transparencia es lamentable pues las dos noticias más importantes del año tienen que ver con la captura de un exmandatario por corrupción y la investigación de los actuales por temas de contratación. 

“Esto nos demuestra que la corrupción no permeo el sistema, la corrupción es el sistema y es el sistema a nivel nacional con mayor incidencia en las regiones donde los organismos de control con facilidad con coaptados por los mismos mandatarios regionales y locales y eso impide que haya un ejercicio juicio”, afirmó Estrada.

Estrada además recordó que a Barreto lo absorbió en los últimos minutos de su gestión el exprocurador Alejandro Ordoñez, para que pudiera ser candidato en las pasadas elecciones, por lo cual tiene ‘rabo de paja’. En cuanto a Jaramillo afirmó que no duda de su rectitud y no lo ve haciendo acuerdos para adueñarse de recursos públicos, pero lamentablemente el curso que hizo con Gustavo Petro lo llevó a tener un desprecio por la normativa y lo hizo creer que la única infracción y delito que existe es el de apropiarse de recursos públicos.

“Eso no es así, también existe la trasgresión de la norma, no respetar los procedimientos de escogencia y eso es lo que tiene encartado a Jaramillo, hace unos días tuvimos a la exjefe jurídica de la Alcaldía afirmando que no la tuvieron en cuenta para la firma de los contratos de alumbrado, sus amigos quieren minimizar el asunto asegurando que es honrado y honesto pero resulta que los funcionarios públicos tienen que cumplir la ley y no solo cuando legitima los recursos públicos”, puntualizó Estrada. 

Dejar atrás el presunto y pasar a las acciones

El analista Santiago Castro por su parte manifestó que es necesario dejar tanto anuncio y darle celeridad a los procesos pues se está en el Gobierno de los presuntos, de los presuntos implicados en algo, mientras que corrupción ha llegado a un punto en que la ciudadanía desconfía de la Justicia, del Órgano Legislativo, de los Órganos de Control y en sobre manera de la Clase Política. 

“Me preocupa que la Fiscalía anuncie importantes anuncios y celeridad en los procesos pero nada pasa, nos estamos acostumbrando a que nos digan que habrá una resolución en los casos y no se sé, esto genera incertidumbre y ésta a su vez desemboca en dos cosas: una profunda desconfianza o una profunda indiferencia”. 

Apuntó que a dos años de terminar los actuales gobiernos no será inusual seguir esperando, por lo que hay que tener un órgano investigador que haga menos anuncios y tome decisiones con más celeridad, pues estas demoras le causan un profundo daño al desarrollo de la economía y la democracia.