Una polémica se ha desatado tras el anuncio que realizó la Alcaldía de Ibagué que indica que suspendió por seis meses la entrega de licencias de urbanización a proyectos que requieran de la disponibilidad de servicios de acueducto y alcantarillado diferentes al Ibal, es decir que requieren servicio de los acueductos comunitarios de la ciudad. 
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El abogado Wilson Leal explicó que la mayoría de estos terrenos a los que se suspende la entrega de licencia son destinados a vivienda de interés social por lo cual la gente más pobre se ve afecta e indicó también que los acueductos comunitarios ganaron diferentes demandas al municipio que obliga a este a apoyarlos y velar por poder brindar un mejor servicio. 
Cesár Picón, secretario de Desarrollo Rural municipal, afirmó que en ningún momento se ha querido perjudicar a nadie con la decisión pero era necesario adoptarla debido al descontrol que existe en el municipio en cuanto al crecimiento desmedido que ha tenido en los últimos años. 
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Véliz Mejía, presidente de Camacol Tolima, explicó que el sector constructor se siente preocupado porque hay 32 acueductos comunitarios que prestan el servicio pero  al parecer todos tienen problemas de calidad y continuidad por lo cual han buscado dialogar con el alcalde encargado. 
“Hay sectores de Ibagué que por largos periodos del día no tienen agua, creemos que por algunas comunicaciones que ha recibido la Administración entraron a tomar estas decisiones, sin embargo pensamos que es un mecanismo inconveniente y no lo compartimos desde Camacol, entendemos que existe un problema pero el llamado a solucionar este problema es la Superintendencia de Servicios Públicos”, indicó Veliz Mejía. 
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El alto directivo comentó que la Administración está abordando el problema de forma incorrecta, “le manifestamos al alcalde que los asesores están equivocados y el decreto no es legal por lo cual vamos a intentar demostrárselo para evitarle demandas al municipio”. 
El presidente de Camacol puntualizó que muchos de sus afiliados se están viendo afectados por la medida por lo cual la entidad gremial estará muy pendiente de la situación para evitar que el problema se vuelva más grave.