La Procuraduría Regional de Tolima convocó a audiencia pública a 16 concejales de Ibagué para el periodo constitucional (2016-2019) esta mañana, por presunta violación al régimen de inhabilidades.

Los implicados son: Víctor Julio Ariza Loaiza, Juan Evangelista Ávila Sánchez, Jorge Luciano Bolívar Torres, Carlos Andrés Castro León, Camilo Ernesto Delgado Herrera, Víctor Hugo Gracia Contreras, Harold Oswaldo Lopera Rodríguez, Hasbleidy Morales Lozano, Ernesto Ortiz Aguilar, Linda Esperanza Perdomo Ramírez, Carlos Andrés Portela Calderón, Humberto Quintero García, Marco Tulio Quiroga Mendieta, Flavio William Rosas Jurado, Oswaldo Rubio Martínez y William Santiago Molina.

Los investigados responderán por la supuesta elección y nombramiento de Ramiro Sánchez como contralor de Ibagué para el periodo 2016-2020, inhabilitado para el ejercicio del cargo, por haberse desempeñado dentro de los 12 meses anteriores a su elección como director territorial Tolima de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, tiempo durante el cual suscribió varios contratos y convenios con entidades u organismos del sector central o descentralizado.

Sin embargo la audiencia se suspendió porque el concejal Humberto Quintero no asistió ni envió un representante dado que se encuentra en estado de incapacidad médica por una operación que le realizaron. 

El concejal Lopera también presentó una petición a la Procuraduría en que indica que no ha tenido tiempo para verificar el proceso en su contra. 

Manuel Eduardo Marín Santoyo, abogado de siete concejales, indicó que la suspensión no implica que los apoderados hayan convalidado cualquier actuación e indicó que solicitará que se apliquen los artículos 89 y 90 del Código Disciplinario Único.

Además explicó que es positiva la decisión del procurador dado que está dentro de la ley otorgar aplazamientos pese a que ninguno de sus representantes lo solicitó, puntualizó que no se ha incurrido en actos de corrupción sino errores administrativos por lo cual espera que sean absueltos. 

“Los concejales no son responsables de lo que pasó, el responsable es una tercera persona, por el momento no podemos entregar más información pero proseguiremos el 20 de junio, hay un antecedente que hay que tener en cuenta y es el pronunciamiento del Consejo de Estado era imposible para los concejales saber lo que estaba pasando”, indicó el jurista. 

Fue enfático al manifestar que como representante de siete de los concejales su mayor interés es que el proceso se dé con la mayor celeridad posible para quitar el manto de duda que se ha impuesto sobre los cabildantes.