Hoy Colombia ocupa el segundo lugar en el mundo en niveles de criminalidad organizada, solo por detrás de Myanmar, y por encima de economías regionales como México, Paraguay o Ecuador. 

Este dato refleja que la inseguridad en el país dejó de ser un problema de orden público para convertirse en una restricción estructural al desarrollo económico. 

Un informe de Corficolombiana indica que este cambio responde, en gran parte, a la transformación del fenómeno criminal: de un conflicto relativamente centrado en ideologías hacia un ecosistema fragmentado de organizaciones que operan bajo lógicas económicas, diversifican sus fuentes de ingreso y ejercen control territorial con fines de captura de rentas. 

En este contexto, señala el análisis, la inseguridad no solo persiste, sino que impacta directamente sobre la economía. 

Las actividades ilícitas, extorsión, narcotráfico, minería ilegal, contrabando y delitos ambientales, operan desplazando, distorsionando y compitiendo de manera desigual con el sector formal.

Hay factores como el deterioro de la seguridad física, la expansión territorial de los grupos criminales, el repunte de delitos de alto impacto y la pérdida de control estatal habían configurado un entorno donde operar e invertir implica riesgos y sobrecostos crecientes, y que las economías ilegales estaban desplazando a la actividad formal en múltiples territorios. 

Deterioro

El deterioro de la inseguridad es medible. Según el Índice Global de Terrorismo, en 2025 Colombia se ubicó en el top 10 de los países más afectados a nivel mundial, alcanzando su peor posición desde 2013. 

El número de atentados creció cerca de un 47 %, las muertes asociadas aumentaron un 70 % y los grupos armados han crecido más del 300 % desde 2017, pasando de 6 mil a cerca de 27 mil integrantes. En paralelo, la extorsión acumula un incremento superior al 800 % frente a 2010 y el secuestro aumentó 123 % en 2025 frente al año anterior. 

Estos no son indicadores de un problema contenido, son señales de una amenaza que se expande. Lo que hace especialmente grave esta dinámica es su dimensión territorial. 

El informe indica que la inseguridad no se distribuye de manera uniforme en el país: se concentra en los departamentos que más aportan a la actividad productiva nacional. 

Mientras la inseguridad se concentre en los nodos productivos del país, sus costos económicos seguirán siendo subestimados y sus soluciones, insuficientes. Una amenaza que no cede, se señala.

Las cifras no mienten y muestran que en 2025, el secuestro alcanzó 698 víctimas, con un aumento de 123 % frente a 2024; el terrorismo llegó a 1.391 eventos, 24 % más que el año anterior; y el homicidio cerró en 13.726 casos, con un incremento de 1,7 %. 

Se registraron además 306 víctimas en masacres y 187 líderes sociales asesinados, según Indepaz. 

Aunque algunos delitos mostraron reducciones en el agregado anual, como la extorsión, sus niveles continúan siendo estructuralmente elevados: en 2025 se registraron 12.180 casos, más de nueve veces el nivel observado en 2010. Asimismo, fenómenos como la invasión de tierras y la usurpación territorial se mantienen por encima de sus registros en la década pasada, con un crecimiento de 340 % frente a 2010. 

Esta tendencia muestra señales de recrudecimiento en los primeros meses de 2026. Entre enero y febrero, el homicidio intencional aumentó 5 %, alcanzando el nivel más alto para este periodo desde 2015. 

Las masacres crecieron 13% tanto en número de eventos, de 15 a 17, como en víctimas, de 48 a 54, mientras que el secuestro total aumentó 12 %. De manera simultánea, persisten dinámicas asociadas a economías ilegales y control territorial: los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente aumentaron un 1%, las minas ilegales intervenidas crecieron 11 % y la incautación de maquinaria para extracción ilícita mostró un incremento del 147 %. En materia de liderazgo social, Indepaz ya registra 41 asesinatos a abril de 2026.

PIB y violencia

De acuerdo con el DANE, solo Antioquia, Bogotá, Valle del Cauca y Meta han concentrado más de una tercera parte del PIB nacional en la última década. La superposición es sistemática en todos los sectores. 

En el agropecuario, la región Oriental concentra el 34 % de la producción nacional y la región Central el 29,3 %, con departamentos como Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca como principales contribuyentes, los mismos que encabezan los registros de extorsión, invasión de tierras y homicidios. 

En manufactura, Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca son los ejes industriales del país y, simultáneamente, los que concentran la mayor proporción de delitos contra el sector productivo. 

En minería, Meta aporta el 34 % de la producción regional y es también uno de los territorios con mayor presencia de grupos armados. El patrón se repite en comercio y servicios: donde hay actividad económica relevante, hay disputa criminal por sus rentas. 

Los datos de criminalidad confirman esta lógica. En extorsión, Bogotá reúne aproximadamente el 17 % de los casos nacionales, seguida por Antioquia (16 %) y Valle del Cauca (11 %). 

En secuestro, el Cauca concentra el 20 % del total nacional, seguido por Antioquia (12 %) y Arauca (7 %). Los homicidios se concentran principalmente en Valle del Cauca (17%) y Antioquia (14%), con una distribución similar en masacres. 

En invasión de tierras, Antioquia concentra cerca del 14 % de los casos. 

La expansión de los grupos armados profundiza esta dinámica. Según la Fundación de Ideas para la Paz, 2025 fue el año con mayor número de disputas armadas de la última década, con un incremento del 34 % en enfrentamientos entre grupos, impulsado por rupturas internas, nuevas alianzas y competencia por rutas, economías ilegales y control territorial. 

Se identificaron al menos 13 zonas de disputa activa, casi el doble que en 2022. Desde 2017, los grupos armados han crecido más del 300 %, pasando de 6 mil a cerca de 27 mil integrantes, lo que representa un crecimiento cercano al 22 % frente al año anterior, el grupo armado con el mayor crecimiento fue el Clan del Golfo, con 2.289 integrantes adicionales. 

En conclusión, señala Corficolombiana, la inseguridad afecta a la economía desde adentro. Al concentrarse en los territorios donde se genera valor, eleva los costos de operar, desincentiva la inversión y distorsiona los mercados precisamente donde el impacto sobre el crecimiento nacional es mayor. No es un problema periférico, es un freno estructural al desarrollo del país.