El sector empresarial y varios analistas económicos se mostraron alarmados por los efectos que para el sector productivo puede traer el pago de la primera cuota del impuesto al patrimonio que fue decretado por el Gobierno para mantener la emergencia originada por la ola invernal y que afectó principalmente a Córdoba.

La medida afecta a unas 15 mil empresas de los distintos sectores de la producción y aún se espera la decisión de fondo de la Corte Constitucional sobre la exequibilidad de la norma.

Los empresarios han manifestado que pagarán el tributo con el fin de evitar sanciones tributarias por parte de la DIAN.

Se estima que esta norma de la Emergencia Económica le permita al Estado recaudar unos $8 billones, aunque centros de análisis económico como ANIF calcula un menor recaudo, cercano a los $6,3 billones.

El impuesto lo deben pagar empresas con patrimonio líquido superior a $10.474 millones y se pagará en dos cuotas: el 1.º de abril y el 4 de mayo. Las tarifas son de 1,6 % para los sectores financiero y minero energético, y de 0,5 % para el resto de actividades.

Para la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, Asobancaria, la medida es "nociva", ya que al reducir el patrimonio de las empresas, se limita su capacidad de endeudamiento y la realización de nuevos proyectos.

El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, calificó como “improvisada y carente de sustento técnico” la decisión del Gobierno de imponer un impuesto al patrimonio a las personas jurídicas. El gremio advirtió que gravar el éxito empresarial castiga la innovación y pone en riesgo la generación de empleo en el país.

El exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, argumentó que  este tributo debería recaer exclusivamente sobre personas naturales. “El impuesto al patrimonio debe ser de las personas naturales, no a las empresas jurídicas”. Explicó que aplicar el impuesto al patrimonio a las empresas resulta problemático, dado el nivel actual del impuesto de renta corporativo en el país.

El tributo también afecta a la educación superior. Más de 90 universidades entre públicas y privadas del país se verán afectadas por el pago del impuesto al patrimonio.

Para las universidades la medida del Gobierno genera alerta por el impacto en becas, investigación y posibles aumentos en matrículas. Instituciones como la Universidad Externado señalan que el gravamen compromete su sostenibilidad financiera y capacidad de inversión.