Dentro de su política de reindustrialización y defensa de la producción nacional y con fundamento en el análisis técnico del Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior, Triple A, el Gobierno adoptó una medida de defensa comercial consistente en un arancel del 35 % a la importación de 14 productos del sector siderúrgico y metalmecánico provenientes de países con los que Colombia no tiene acuerdos comerciales vigentes.

Esta decisión se enmarca en un contexto internacional caracterizado por excedentes productivos y distorsiones estructurales de precios en el mercado del acero, que han dado lugar a la adopción de más de 200 medidas de defensa comercial por parte de cerca de 40 países, de acuerdo con la Organización Mundial del Comercio, OMC.

“Estamos actuando de manera responsable y en plena coherencia con las reglas del comercio internacional. Esta no es una medida restrictiva, es una medida correctiva: busca restablecer condiciones de competencia justa frente a prácticas asociadas a sobreproducción y a la colocación de bienes a precios artificialmente bajos que afectan nuestra industria”, señaló la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales.

La medida tiene un carácter estrictamente focalizado. Aplica exclusivamente a importaciones provenientes de países con los que Colombia no tiene acuerdos comerciales vigentes, por lo que se preserva plenamente el abastecimiento desde socios estratégicos con tratados de libre comercio, garantizando la continuidad de la oferta para sectores como la construcción y la industria.

Desde el punto de vista productivo, Colombia cuenta con una capacidad instalada para producir cerca de 2,6 millones de toneladas de acero al año, frente a una producción aproximada de 1,6 millones de toneladas, lo que evidencia un margen importante para fortalecer la industria nacional.

En efecto, durante 2025 las importaciones de estos productos alcanzaron 134.928,7 toneladas por un valor de US$124,6 millones, principalmente desde China, así como desde Turquía, Rusia, Brasil, Perú, Venezuela y Estados Unidos. En contraste, las exportaciones fueron de 16.238,8 toneladas por US$32,2 millones, reflejando un desbalance significativo en el comportamiento del mercado.

Preservar esta capacidad es estratégico para el país, no solo en términos de desarrollo industrial sino también para la estabilidad del mercado interno, la reducción de la dependencia externa y la protección del empleo.

El encadenamiento siderúrgico y metalmecánico representa más de 50 mil empleos directos e indirectos, dinamiza miles de proveedores y constituye un pilar para sectores clave como la infraestructura, la vivienda, la movilidad y la transición energética.

Colombia no solo tiene capacidad para abastecer su demanda interna, sino también una capacidad exportadora relevante. Históricamente, mercados regionales como Venezuela y Panamá han sido destinos importantes para productos siderúrgicos colombianos.

La reactivación reciente del comercio con Venezuela evidencia ese potencial, aunque también refleja las limitaciones estructurales que ha enfrentado el comercio bilateral en los últimos años, asociadas a restricciones financieras, logísticas y a disrupciones en el flujo normal de bienes entre ambos países.

En ese sentido, fortalecer la producción nacional no solo permite atender el mercado interno, sino también recuperar y ampliar la presencia de Colombia en mercados regionales, en condiciones de mayor estabilidad y previsibilidad.

En el análisis técnico de la medida, se evaluó de manera específica su impacto sobre los costos de la vivienda. Los resultados evidencian que no se generan afectaciones significativas, dado que el mercado mantiene múltiples fuentes de abastecimiento en condiciones de competencia.

Adicionalmente, la industria siderúrgica colombiana presenta ventajas comparativas en materia ambiental. El acero producido en el país registra una intensidad de emisiones de CO₂ por tonelada inferior al promedio mundial, gracias al uso intensivo de material reciclado y a procesos más eficientes en términos energéticos.

La medida cuenta con un respaldo amplio del sector productivo. Más de 150 empresas han manifestado su apoyo, reconociendo la necesidad de corregir distorsiones de precios, enfrentar prácticas de competencia desleal y preservar capacidades productivas estratégicas para el país.

“Proteger la industria nacional no es un acto de cierre, es una decisión de política pública orientada a defender el empleo, fortalecer la base productiva y garantizar condiciones de competencia equitativas. El acero es un insumo esencial para la transformación productiva del país, y su sostenibilidad es clave para avanzar en la transición energética, en la infraestructura y en la integración regional”, concluyó la ministra.

La medida rige desde la fecha de su publicación y tendrá una duración inicial de un año.