La información que está pidiendo la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, a las empresas; relacionada con sus estrategias sobre fijación de precios constituyen un nuevo paso en falso de este gobierno en contra del empresariado colombiano y es una muestra más de su animadversión a la libre empresa. Así lo expresó hoy el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, al referirse a las peticiones de dicha entidad para que las empresas le informen sobre sus criterios para fijar precios y márgenes de utilidad.

“Sin duda, este proceder constituye una indebida intromisión del Gobierno en los asuntos empresariales. Pretenden convertir a la SIC en una Superintendencia de Precios, desnaturalizando su función. Sería pertinente que el Gobierno del presidente Petro recuerde, y tenga muy presente, la esencia del artículo 333 de la Constitución Política, que consagra la libertad de empresa y el derecho a desarrollar cualquier actividad económica sin permisos previos, salvo los casos expresamente autorizados por la ley”, afirmó el dirigente gremial.

Tras calificar de peligroso los anuncios y amenazas del Gobierno; el vocero empresarial explicó que los controles de precios nos remontan a épocas ya superadas del comunismo de la cortina de hierro. “Atajar una inflación inducida por reiteradas decisiones equivocadas y populistas del gobierno, a punta de controles de precios es un acto de irresponsabilidad y también de ignorancia de los principios fundamentales de la economía”.

Según una comunicación enviada a varias empresas colombianas, la Superintendencia les exige revelar los procedimientos y criterios; jurídicos, técnicos y comerciales; con los que fijan precios, descuentos y márgenes de ganancia, así como explicar cómo los cambios en costos de importación, logística y otras variables inciden en su estructura de costos.

El presidente de Fenalco explicó que pretender que un establecimiento comercial desglose la forma en que fija los precios de más de 40 mil referencias es, sencillamente, una exigencia imposible de cumplir. 

“A las cabezas visibles del Gobierno les vendría bien empaparse, aunque sea mínimamente, de los fundamentos de la teoría económica, en particular de la microeconomía, para no incurrir en la pena de formular solicitudes traídas de los cabellos. 

“Por ejemplo, se les pide a los comercios que informen si venden productos con variaciones frecuentes de precio, lo cual resulta una perogrullada cuando se trata de alimentos perecederos, cuya oferta en las centrales mayoristas cambia a diario”.

“Igualmente, es obvio que si el inventario de ciertas mercancías es persistentemente alto, los comerciantes otorgan descuentos para deshacerse del exceso de existencias y hacer reposición con nuevas colecciones, en el caso, por ejemplo, de calzado y prendas de vestir”.

En su concepto, las amenazas del gobierno de castigar a las empresas no es la manera de reparar el inmenso daño que le ha hecho al país el ajuste desbordado del salario mínimo para el presente año. “Al contrario, pueden profundizar aún más el problema de la inflación porque se podría registrar contrabando y desabastecimiento de las mercancías sometidas a controles administrativos”.

“Este es un paso más hacia el camino erróneo de la Venezuela chavista. Los controles de precios acabaron con la prosperidad de ese país y redujeron a su mínima expresión la empresa privada, con las nefastas consecuencias de hambre, migración y empobrecimiento general de todo un país”, concluyó Cabal Sanclemente.

Los industriales

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, expresa su profunda preocupación frente al aparte del documento publicado por el Gobierno Nacional, relativo a una serie de preguntas que la Superintendencia de Industria y Comercio estaría realizando a algunas empresas que operan en el país.

Aunque la SIC tiene la posibilidad de solicitar información a personas naturales o jurídicas, esta facultad la debe ejercer en los precisos términos que la ley establece. Excede las facultades de la Superintendencia solicitar información sobre la estructura de costos, el margen de ganancia o, incluso, elementos de política comercial de una empresa, cuando dicha indagación no resulta ni pertinente ni conducente para el ejercicio de sus facultades legales.

Cuando no se actúa en desarrollo de una competencia expresamente atribuida a la Superintendencia de Industria y Comercio, requerir este tipo de información a actores privados puede vulnerar el derecho a la libre empresa, la protección de los secretos industriales y la confidencialidad de las estrategias comerciales. Esto afecta la competitividad y la seguridad jurídica, elementos esenciales para los actores del mercado formal en Colombia.

No existe norma que asigne a la SIC la competencia para inspeccionar, en sí mismos, aspectos como los márgenes de ganancia o el uso de tecnología por parte de las empresas. La ANDI reafirma que la protección del consumidor colombiano constituye un elemento esencial dentro de nuestro orden jurídico; sin embargo, su ejercicio debe realizarse de manera proporcional y bajo el estricto respeto de los demás derechos constitucionales y legales de los particulares.

Debe recordarse que, de acuerdo con el artículo 6º de la Constitución Política, los servidores públicos solo pueden ejercer las funciones que les sean expresamente atribuidas por la ley. En este caso, no resulta claro cómo las preguntas formuladas corresponden al ejercicio de competencias asignadas a la SIC.

Las facultades para solicitar información no son una carta en blanco en un Estado de Derecho, en el que los derechos de los asociados, en especial el derecho al debido proceso administrativo, siempre han obrado como límite al poder del Estado.