La Contraloría General de la República, mediante una Auditoría Intersectorial de Cumplimiento realizada en el segundo semestre de 2020, identificó incumplimientos graves y generalizados en la gestión del impuesto nacional destinado al turismo. 

Se detectaron problemas en el recaudo, la administración y la ejecución de estos fondos, resultando en hallazgos fiscales que ascienden a $28.310 millones. Este monto incluye recursos correspondientes a la vigencia 2023, así como multas por presentaciones extemporáneas de las declaraciones de dicho impuesto.

El hallazgo de mayor impacto fiscal se concentra en la planeación y gestión contractual del proyecto de embarcaderos fluviales, financiado con recursos del impuesto al turismo y ejecutado por Fontur en 81 municipios del país. 

La Contraloría determinó presunta incidencia fiscal por $23.006 millones, además de posibles faltas disciplinarias. Dicho proyecto corresponde a la vigencia fiscal 2023 y se inició con la suscripción del acta de inicio el 26 de diciembre de 2023, con un plazo contractual inicial de 20 meses con una terminación prevista para el 25 de agosto de 2025.

La meta contemplaba la instalación de 88 embarcaderos fluviales; sin embargo, a la fecha del informe, aunque la fabricación de los 88 módulos estaba concluida en un 100 %, sólo 5 habían sido instalados y entregados en funcionamiento en Puerto Wilches, Santander, María La Baja, Bolívar, Cerro de San Antonio, Plato y San Sebastián de Buenavista, Magdalena.

La brecha entre la ejecución financiera y el avance físico evidencia fallas graves de planeación, supervisión y gestión contractual, que comprometen la eficiencia del gasto y la finalidad social del impuesto, generando riesgos para la sostenibilidad de las inversiones en los territorios beneficiados.

Más hallazgos

Otro hallazgo importante corresponde a la presentación extemporánea de la declaración del Impuesto Nacional al Turismo, para los años 2021 y 2022, que muestra fallas en el control que deben realizar la DIAN, Fontur y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, MinCIT. 

La Contraloría estableció que estas irregularidades tienen presunta incidencia fiscal por $5.303 millones, además de posibles responsabilidades disciplinarias.

Los hechos comprometen la gestión del Ministerio de Hacienda, el MinCIT, el Fondo Nacional de Turismo Fontur y la DIAN, y ponen en riesgo recursos clave para la promoción y competitividad del sector turístico del país, uno de los motores de la economía.

El análisis abarcó aspectos financieros, presupuestales y contractuales en la gestión fiscal del impuesto nacional con destino al turismo como inversión social, creado para financiar proyectos de promoción, competitividad, formación e infraestructura turística. La auditoría realizada por la Contraloría también revisó la supervisión de proyectos ejecutados en diferentes regiones del país y examinó los procesos de recaudo, declaración, fiscalización, administración presupuestal y ejecución contractual, involucrando al Ministerio de Hacienda, el MinCIT, la DIAN y Fontur, administrador de los recursos a través de un patrimonio autónomo.

El informe advierte que la DIAN no ejerció de manera efectiva sus facultades legales de administración, fiscalización y control tributario, pese a que la normatividad le otorga amplias competencias para verificar, liquidar y sancionar el incumplimiento en la declaración y transferencia del impuesto. Esta omisión incrementa el riesgo de pérdida de recursos públicos y afecta la oportunidad del ingreso al Presupuesto General de la Nación.