La Contraloría General de la República determinó hallazgos fiscales por más de $86.054 millones en dos contratos de Ecopetrol: el primero por $49.592 millones, en el convenio para la operación del Ecoparque Solar Providencia y el segundo por $36.462 millones ante la falta en la imposición de multas en contrato con la empresa Morelco S.A.S.

El convenio interadministrativo suscrito con entre el Ministerio de Minas y Energía y Ecopetrol tenía como objetivo fortalecer la infraestructura energética de la isla de Providencia, como respuesta prioritaria a la emergencia ocasionada por el huracán Iota en noviembre de 2020 y como parte de la estrategia nacional de transición energética.

Sin embargo, en la auditoría realizada durante la vigencia 2024, la Contraloría General confirmó el daño fiscal ante la inoperancia integral del Ecoparque, la exposición de los activos a deterioro ambiental, la pérdida progresiva de vida útil y la posibilidad de incurrir en sobrecostos para su integración futura.

Entre otras cosas se evidenció el incumplimiento en la entrega del sistema BESS, que funciona para el almacenamiento de energía en baterías, cuya adquisición dependía de una donación internacional que fue gestionada por el ministerio, sin garantías contractuales y a la decisión de Ecopetrol de continuar la ejecución del proyecto sin asegurar la disponibilidad de ese componente.

La Contraloría determinó que la operación parcial del proyecto incumple el objeto contractual, el cual exige la puesta en operación integral de la planta fotovoltaica, el BESS y el sistema de control. Se estableció que existió una gestión fiscal irregular por parte del ministerio y de Ecopetrol, además de falta de planeación, gestión y supervisión.

Para la Contraloría General, los recursos invertidos no cumplen con el fin para el cual fueron destinados, no se encuentran prestando ningún servicio, ni han representado beneficio alguno para la comunidad raizal.

Además, existe un riesgo de la obsolescencia de estos bienes ante la falta de uso y condiciones climáticas a las cuales se encuentran expuestos. Los componentes del parque solar no se encuentran cumpliendo con el fin para el cual fueron destinados, propensos a deterioro y disminución de su vida útil.

No hubo imposición de multas

La Contraloría General determinó hallazgo fiscal por $36.462 millones correspondiente al monto asegurado, no recuperado por Ecopetrol y negado por la compañía aseguradora, en el contrato No.3050857, suscrito entre Ecopetrol S.A. y la empresa Morelco S.A.S.

Durante la auditoría se evidenció que Ecopetrol no aplicó de manera oportuna las medidas previstas en el contrato ante los incumplimientos del contratista, especialmente en lo dispuesto en la cláusula que hace referencia a multas y la terminación anticipada.

Estas cláusulas le otorgaban a Ecopetrol la posibilidad de deducir las multas correspondientes en la factura del mes siguiente a la comunicación del incumplimiento, hacer efectiva la garantía de cumplimiento o, de ser necesario, dar por terminado anticipadamente el contrato cuando persistieran los incumplimientos.

La Contraloría General identificó que Ecopetrol evidenció y documentó varias comunicaciones en donde se advertía al contratista sobre los reiterados atrasos entre 2023 y 2024. Pese a estos incumplimientos, Ecopetrol permitió que el contrato continuara sin aplicar oportunamente las medidas correctivas que tenía a su alcance, tales como la imposición de multas o la terminación anticipada del contrato.

En lugar de actuar durante la ejecución, la entidad inició el trámite de reclamo ante la aseguradora el 15 de abril de 2025, cuando el contrato había vencido el 30 de diciembre de 2024 y la póliza se encontraba expirada.

Para la Contraloría General, el hecho de que Ecopetrol no haya aplicado las cláusulas previstas en el contrato para atender los incumplimientos presentados y haya promovido la afectación de la póliza una vez finalizado el contrato, refleja una gestión extemporánea frente al control de los incumplimientos, lo que significó perder la oportunidad de ejercer acciones de mitigación dentro de la vigencia contractual.