Aumento del salario mínimo pone en riesgo la economía: ANDI
La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI expresó, frente al incremento del salario mínimo decretado para 2026, que la Constitución Política de Colombia y la legislación vigente establecen que las discusiones en materia salarial y laboral deben desarrollarse en el marco del diálogo social tripartito, garantizando la participación equilibrada de los trabajadores, los empleadores y el Gobierno Nacional.
No obstante, como consecuencia de una decisión adoptada de manera unilateral por el Gobierno Nacional, se generan riesgos significativos para los hogares colombianos y para la economía del país, particularmente en lo relacionado con el aumento de la inflación y de los precios de múltiples bienes y servicios, el impacto sobre el empleo y las finanzas públicas.
A juicio del presidente del gremio, Bruce Mac Master, la inflación, sin duda, es una de las variables que más afecta a los ciudadanos en condición de mayor vulnerabilidad.
Señala la ANDI, que resulta especialmente preocupante que esta decisión se adopte en un contexto en el que el propio Gobierno ha manifestado encontrarse en una situación de “emergencia económica”, cuando estimaciones técnicas indican que cada incremento del 1 % en el salario mínimo implica aproximadamente $400 mil millones adicionales en gasto público.
Mac Master dijo que “Durante el actual Gobierno, hemos expresado reiteradamente nuestra preocupación, tanto ante las autoridades nacionales como ante la Organización Internacional del Trabajo, OIT, por la falta de convocatoria y de participación efectiva de trabajadores y empleadores en las discusiones de política laboral. En ese periodo se han tramitado dos intentos de reforma pensional y dos de reforma laboral sin una participación real, totalmente de espaldas, de los principales actores del mercado laboral: quienes trabajan y quienes generan empleo y cumplen las normas”.
Explicó que en esta oportunidad, dicha exclusión se ha extendido también a la definición del salario mínimo. El Gobierno Nacional ha decidido modificar de manera unilateral el concepto de remuneración mínima, introduciendo la noción de un “ingreso mínimo vital”, sin que esta transformación sea el resultado de una conversación amplia, abierta, profunda y democrática con la sociedad, como lo exigen los principios del diálogo social y del diálogo tripartito en una democracia.
Una de las principales responsabilidades de la Comisión de Concertación es precisamente definir un salario mínimo buscando un equilibrio entre los distintos objetivos de interés general: proteger el ingreso y el poder adquisitivo de las familias; evitar la inflación y los inmensos costos que implican para los hogares colombianos; mantener las finanzas públicas dentro del cauce de lo que es posible para el Estado evitando afectar a la ciudadanía, promover la generación de empleo formal; y fortalecer la competitividad y la productividad del país.
Estas discusiones no se dieron en el seno de la Comisión de Concertación. De manera sorpresiva, una vez concluida la primera etapa de presentación de posturas por parte de los participantes, el Gobierno Nacional decidió, en forma inconsulta, alterar la metodología de definición de la remuneración mínima, desconociendo los espacios institucionales y los principios que rigen el diálogo social en Colombia.
Se debe tener un respeto institucional y de la concertación democrática, en beneficio de los trabajadores, los empleadores y de toda la sociedad colombiana.
“Las decisiones populistas se caracterizan por generar en algunos grupos de la población la idea de que se están beneficiando sus intereses, cuando en realidad se trata de medidas insostenibles o estructuralmente inconvenientes. Afectar variables como la inflación, el empleo, la informalidad, la competitividad y la tasa de interés con el fin de mostrarse generoso, utilizando recursos que terminarán pagando las pymes, las empresas medianas y las empresas formales, constituye sin duda uno de los mayores actos de populismo en la historia de Colombia”, argumentó Bruce Mac Master, presidente de la ANDI.