Asofondos y Fasecolda alertaron por los efectos adversos que tendría un nuevo proyecto de decreto del Gobierno Nacional que, en caso de que lo expidan, afectará la capacidad de pensionarse. 

Además, el proyecto gubernamental compromete la cobertura del seguro previsional frente a los riesgos de invalidez y sobrevivencia, dejando sin protección a millones de trabajadores y pensionados.

Según análisis de los gremios, la medida modificaría las reglas del llamado “deslizamiento del salario mínimo”, mecanismo que garantiza que las pensiones de la población más vulnerable crezcan a la par del salario mínimo cada año.

Las pensiones de invalidez y sobrevivencia también estarían comprometidas porque su principal fuente de financiación, el seguro previsional, no sería viable, afectando el acceso a las pensiones de cerca de 20 millones de afiliados al Régimen de Ahorro individual (RAIS).

Los representantes de las dos agremiaciones, Asofondos y Fasecolda, solicitaron al Gobierno Nacional, que existan espacios técnicos para discutir las implicaciones del proyecto de decreto y mitigar sus efectos negativos sobre las pensiones de los trabajadores y su aseguramiento.

El ajuste del salario mínimo que se realiza todos los años se puede descomponer en tres factores: la inflación, el aumento en la productividad y el componente político del Gobierno. El ahorro de los colombianos y su rentabilidad cubre los dos primeros factores y el Gobierno ha asumido el tercero, que por ser un componente discrecional es inasegurable.

El cambio propuesto implica que la Nación dejará de cubrir de manera plena la parte discrecional en el ajuste del salario mínimo. Una porción de este ajuste del salario mínimo por encima de la inflación y el crecimiento de la productividad recaerá sobre el bolsillo de los futuros pensionados.

Según estimaciones, de materializarse dicho decreto, el cambio propuesto llevará a que las personas deberán aportar cerca de un 30% más al sistema para poder acceder a una pensión a través de una renta vitalicia. Por esa razón, menos colombianos lograrán pensionarse y muchos de los que lo logren tendrán pensiones más bajas. Cabe recordar que esta modalidad de pensión hoy permite asegurar un ingreso estable de por vida para los trabajadores en su etapa de retiro.

De llevarse a cabo este cambio, se afectará a la totalidad de los posibles pensionados, “con esta medida del Gobierno, las personas tendrán mayor dificultad para acceder a una pensión mínima vitalicia, es decir, menos trabajadores podrían gozar de una pensión de por vida”, explicó Gustavo Morales, presidente de Fasecolda.

Afectación para los trabajadores

En la actualidad, miles de personas que no cumplen el requisito de semanas, pero sí cuentan con un capital suficiente, logran pensionarse por esta vía. “Con el proyecto de decreto el acceso a la pensión se dificultará porque el capital exigido para acceder al a prestación será mucho más alto, dejándolas desprotegidas”, manifestaron los dirigentes gremiales.

En los casos de invalidez o muerte la medida propuesta también encarecerá el costo del seguro previsional con el que se garantiza una pensión a quienes sufren estas contingencias. “Sino hay quien ofrezca este seguro por el alto aumento en los costos, millones de afiliados quedarán desprotegidos en momentos de mayor vulnerabilidad”, dijo Andrés Velasco, presidente de Asofondos.

El impacto será diverso: para los pensionados de vejez se requerirá un mayor ahorro para poder acceder a la pensión y para los pensionados de invalidez y sobrevivencia se verá comprometida la protección que hoy brinda el seguro previsional, pues su aseguramiento dejará de ser viable.

La iniciativa constituye una medida regresiva ya que reduce el nivel de protección actualmente garantizado a los afiliados y pensionados.

Efectos sobre las finanzas de la Nación

Constitucionalmente, el Estado debe garantizar las pensiones de invalidez y sobrevivencia. Si el decreto hace inviable el aseguramiento previsional, la Nación tendría que hacerse cargo de las pensiones de aquellas personas que queden en condición de invalidez, así como de las viudas y huérfanos de quienes mueran antes de la edad de pensión.

“Además de afectar a los trabajadores, con este decreto la Nación tendrá mayores obligaciones financieras. Estos recursos podrían fortalecer programas solidarios como el de Colombia Mayor, u otras necesidades”, explicó Velasco. Si bien el decreto puede darle un alivio fiscal al Gobierno en el muy corto plazo, también genera una presión financiera sobre la Nación que surge de hacerse cargo de las pensiones y genera una obligación de 2 billones, en promedio, en los primeros 10 años.

De acuerdo con Fasecolda y Asofondos, cambiar las reglas que garantizan hoy el derecho a la pensión mínima sin un análisis integral, podría dejar a millones de afiliados desprotegidos y, de paso, con mayores costos para el país.

“Resulta indispensable que cualquier modificación al marco regulatorio del sistema pensional sea evaluada desde una perspectiva integral y sistémica, invitamos al Ministerio de Hacienda a que revisemos conjuntamente  las consecuencias adversas que podría generar el proyecto de decreto publicado y a procurar de manera armónica que las normas se articulen, para evitar regulaciones fragmentadas, inconsistentes o incluso contrarias a los objetivos del sistema, especialmente debido a la interdependencia que caracteriza a las disposiciones en materia pensional”, puntualizó Morale