Procuraduría le pide a alcaldes del Tolima 'tomar cartas' para evitar problemas en cabalgatas
La Procuraduría exhortó a los alcaldes del Tolima, en cuyos municipios se pretenden realizar cabalgatas durante las fiestas de San Juan y San Pedro, a cumplir con toda la normatividad requerida en contra el maltrato animal.
La petición fue realizada por medio de una carta enviada a los mandatarios de Alvarado, Anzoátegui, Cajamarca, Piedras, Roncesvalles, Rovira, San Luis, Santa Isabel, Suárez, Valle de San Juan, Venadillo e incluso Ibagué.
El ente de control solicitó contar con la debida reglamentación y cumplir la normativa a la hora de realizar y autorizar actividades con concentración de equinos y cabalgatas.
"Esto, con la finalidad de velar por la defensa de los derechos e intereses colectivos y verificar el cumplimiento del deber del Estado, representado en este caso por los alcaldes municipales, de garantizar la protección e integridad de los animales como seres sintientes", dijo la Procuraduría.
Para que los alcaldes no incurran en posible irregularidad, deben verificar que se hayan gestionado con antelación las autorizaciones a las autoridades correspondientes.
Asimismo, se debe corroborar que exista suficiente claridad sobre el tipo de evento, fecha, duración, recorrido, área de influencia, responsables de la organización, costos e inversiones de la Administración Municipal en cada evento.
En lo que respecta a los caballos, la Procuraduría solicitó verificar que existan controles sanitarios a los equinos participantes; instalaciones -corrales, bebederos, comederos embarcaderos, etc.- que faciliten el manejo de los animales al inicio y finalización del recorrido; y disponibilidad permanente de agua potable para suministro a los animales.
Lo anterior, sumando a la "disponibilidad de veterinarios, equipos, insumos e instalaciones para la adecuada asistencia y atención de animales heridos, lesionados o enfermos durante el evento".
Finalmente, la Procuraduría advirtió que "los alcaldes municipales, como primera autoridad
administrativa y policiva de cada entidad territorial, tienen por obligación velar por el cumplimiento de los mandatos constitucionales y legales".