Debido a la reciente actividad del volcán Nevado del Ruiz, la Procuraduría realizó el llamado y así mismo, el  Ministerio Público recordó a las autoridades municipales y departamentales la obligación existente en torno al cumplimiento de las disposiciones legales en materia de atención de emergencias para prevenir la ocurrencia de desastres ante una potencial afectación a la población que habita esta zona.

Así mismo, la Procuraduría Regional de Tolima reiteró que los alcaldes son los responsables directos “de la implementación de los procesos de gestión del riesgo en el distrito o municipio, incluyendo el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres en el área de su jurisdicción”, y que el incumplimiento de esta función constituye una falta disciplinaria.

Cabe destacar que, dentro de los aspectos que se deben tener en cuenta para contrarrestar cualquier tipo de emergencia están los planes de contingencia para atender actividades eruptivas del volcán, la estrategia de respuesta a emergencias, la integración de la gestión del riesgo y de manejo de cuencas hidrográficas en los instrumentos de planificación y de ordenamiento territorial, la constitución de fondos territoriales de gestión del riesgo y apropiaciones presupuestales para financiarlo.

A su vez, es de señalar que ante cualquier situación de emergencia se deben adelantar las acciones necesarias para enfrentar los efectos de la misma, dentro de las que se encuentra el monitoreo del estado de las vías de evacuación para la población ubicada en zonas de riesgo, el censo de damnificados y la ejecución del plan de acción específico para la recuperación, entre otras.

Igualmente, el ente de control solicitó tanto al mandatario departamental como a los alcades que se vincule a los órganos de control y al Ministerio Público al Puesto de Mando Unificado para la vigilancia del volcán Nevado del Ruiz, con el objeto de realizar una labor institucional anticipada y coordinada.

Es de aclarar que, esta actuación preventiva y que el objetivo de la misma es evitar la ocurrencia de hechos que afecten los derechos de las personas mediante la detección y advertencia temprana de riesgos en la gestión pública.