El Contralor General de la República, Carlos Mario Zuluaga, ofreció una entrevista exclusiva a Ecos del Combeima, donde abordó diversos aspectos de esta problemática.

Uno de los puntos clave abordados fue la situación de los escenarios deportivos construidos para los Juegos Nacionales. Se reveló que se han emitido fallos de responsabilidad fiscal por un total de 28.000 millones de pesos debido a presuntos malos manejos de recursos, corrupción y sobrecostos. Además, se anunció una indagación preliminar sobre la piscina olímpica, ante sospechas de posibles irregularidades durante su ejecución.

Asimismo, se discutió el control preferente que la Contraloría General de la República ha asumido sobre el puente de la 60 con Quinta en Ibagué, resaltando la necesidad de revisar detalladamente el uso de los recursos girados y las acciones llevadas a cabo por el contratista en relación con esta obra.

Puente de la 60 con Quinta

El contralor General explicó detalladamente la razón detrás del control preferente que la Contraloría General de la República ha asumido sobre el puente de la 60 con Quinta en Ibagué. Se destacó que este proyecto es de vital importancia para la conectividad vial de la región, al servir como una intersección clave que mejora la movilidad en el área. Además, se mencionó que se giró un anticipo del 30%, equivalente a más de 3.000 millones de pesos, lo que representa un compromiso financiero significativo.

Durante la entrevista, el contralor anunció que la Contraloría General asumirá el control de la obra del puente de la 60 en Ibagué, en respuesta a las reiteradas solicitudes de las veedurías ciudadanas. Explicó que la decisión de intervenir directamente en este proyecto se basa en la necesidad de garantizar una respuesta adecuada a las inquietudes de los ciudadanos y asegurar la transparencia en el uso de los recursos públicos destinados a la construcción de esta importante infraestructura vial.

En este contexto, el contralor señaló la preocupación por la falta de avances en la ejecución de la obra a pesar de los recursos invertidos. La ausencia de acciones de control y seguimiento sobre el uso de estos fondos levantó interrogantes sobre su destino y ejecución. Se resaltó la importancia de realizar una revisión exhaustiva de este caso mediante una indagación preliminar para determinar qué sucedió con el anticipo y qué acciones se han tomado para justificar la falta de avance en el proyecto.

La intervención de la Contraloría en el departamento del Tolima no solo busca esclarecer posibles actos de corrupción, sino también garantizar la culminación de obras vitales para la comunidad.

La Contraloría General de la República ha revelado cifras alarmantes sobre obras inconclusas y proyectos críticos en el departamento del Tolima, con un valor total de $1,14 billones.

Este anuncio surge tras el Diagnóstico Nacional de Elefantes Blancos, Obras Inconclusas y Proyectos Críticos, que identificó 103 proyectos aún activos en la región.

Entre los proyectos destacados se encuentran 29 considerados críticos, con un valor de $234.779 millones, y 74 elefantes blancos u obras inconclusas, avaluadas en $907.014 millones. 

El proyecto más costoso identificado es el "Distrito de Riego Triangulo Sur del Tolima", ubicado en Coyaima, con un valor de $700.168 millones. Este proyecto, categorizado como elefante blanco, representa una preocupación significativa en el sector de Agricultura y Desarrollo Rural.

En segundo lugar, se destaca la "pavimentación de la vía Planadas - Gaitania", en $74.951 millones, considerado un proyecto crítico en el sector de transporte. por último, el proyecto "escenarios juegos deportivos nacionales / coldeportes - sgp 3 - complejo acuático" requiere una inversión de $38.879 millones y está categorizado como elefante blanco en el sector de deporte y recreación.

La entrevista con el Contralor General reveló la preocupación por el estado de las obras, especialmente los escenarios deportivos para los Juegos Nacionales. Se destacó la falta de cumplimiento por parte de contratistas y autoridades locales, lo que ha generado investigaciones y fallos de responsabilidad fiscal por un total de $38 mil millones.