Ante la Corte Constitucional, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, participó el pasado lunes en la tercera sesión técnica sobre el Sistema de Prevención y Alerta de la política pública de seguridad para los firmantes del Acuerdo de Paz.

La jornada tuvo como objetivo facilitar un diálogo directo entre las autoridades de 12 departamentos, 8 municipios y delegaciones de los colectivos de firmantes, para discutir las propuestas que buscan superar las fallas estructurales identificadas en el sistema de seguridad.

Durante su intervención, Matiz reconoció el esfuerzo del Gobierno Nacional en materia de prevención y alerta temprana.

No obstante, hizo varios reparos, entre ellos la necesidad urgente de una articulación efectiva entre el nivel nacional y los territorios, para garantizar de manera más coordinada la seguridad de los firmantes.

Frente a las propuestas presentadas por las entidades nacionales y delegaciones de firmantes, la gobernadora advirtió que es indispensable armonizar los instrumentos normativos nacionales y territoriales para fortalecer el sistema de Alertas Tempranas y garantizar la seguridad.

Además, Matiz enfatizó que las responsabilidades asignadas a los entes territoriales deben ir acompañadas de recursos específicos.

"Las responsabilidades asignadas a los entes territoriales trascienden fronteras normativas de carácter nacional, lo que impide que se puedan materializar. Los gobernadores y alcaldes son agentes del Presidente en el territorio, su accionar está limitado por órdenes que imparte el Gobierno central", explicó.

Por ello, propuso definir con claridad las funciones de cada nivel de gobierno y garantizar presupuestos suficientes que permitan materializar las acciones de protección.

Cabe recordar que la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia SU-020 de 2022 —que declaró un Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) en materia de seguridad para los firmantes del Acuerdo— identificó que persiste un bloqueo institucional causado por la asignación difusa de responsabilidades en el sistema.

Según la Corte, esta práctica inconstitucional distribuye de manera inequitativa las cargas de respuesta entre las entidades territoriales, sin un acompañamiento proporcional del nivel nacional.