Desde tempranas horas la Asamblea Departamental se encuentra sesionando con el fin de discutir en segundo debate diferentes proyectos de ordenanza que ayudarán a fortalecer el turismo y la zona rural del Tolima. Además, avanzan en el control político de la gerente del Hospital Mental de Lérida y analizan la problemática que atraviesa el oriente de la región debido a las obras de la doble calzada Bogotá – Girardot. 

Inicialmente, los asambleístas discutieron tres proyectos de acuerdo los cuales fueron aprobados por la duma. El primero de ellos, fue la institucionalización del Día de la Familia Cafetera del Tolima, el cual fue de autoría del diputado Harold Urrea, quien destacó que con el mismo buscan reconoce y visibilizar la importancia del sector cafetero en la región. 

“Con este proyecto queremos capacitar a esas familias cafeteras, que los jóvenes se puedan instruir en tecnologías y se crearán dos plataformas digitales, una para la difusión de información y un directorio de servicios y la otra será un comercio electrónico para cafés tolimenses, para que todo el mundo conozca los productos que están cultivando nuestras familias cafeteras”, destacó Urrea. 

Otro proyecto de ordenanza aprobado por la Asamblea fue el 048 de 2024, el cual busca implementar estrategias para fomentar e incentivar la protección, manejo, producción y uso sostenible de la Guadua/Bambú y la Caña Brava en la región, la cual fue propuesta por el asambleísta Felipe Ferro. 

“Con esta iniciativa se busca conmemorar el día de la Guadua/Bambú el 19 de octubre como se hace a nivel nacional, además, se busca implementar estrategias para fortalecer la producción y el aprovechamiento de este producto. La guadua no es solo un emblema cultural y ecológico, sino también es una herramienta clave en la lucha contra el cambio climático”, mencionó el diputado Yesid Duarte, ponente del proyecto. 

La tercera ordenanza de autoría de Felipe Ferro y que fue aprobada este jueves en la duma fue la 047 de 2024 por medio del cual se fortalecen los procesos de turismo comunitario a través de los organismos comunales pertenecientes a la ribera del río Magdalena.

“El turismo comunitario es una herramienta fundamental para la construcción del tejido social y lo que se quiere es posicionar al Tolima como referente a nivel nacional e internacional, que esos municipios que se encuentran en la ribera del Magdalena puedan tener programas, proyectos, inversión de los gobiernos Nacional y Departamental y así fortalecer las Juntas de Acción Comunal en ese aspecto”, resaltó el asambleísta Yesid Duarte, ponente de la ordenanza. 

Asimismo, la Asamblea Departamental ha realizado diferentes debates de control político, el primero de ellos citado por el diputado Carlos Reyes a la gerente del hospital mental Granja Integral de Lérida, Sandra Liliana Rojas, a quien se le cuestionó sobre su cumplimiento con lo dispuesto en la ley y las disposiciones emanadas por Minsalud. 

“Queremos saber qué ha hecho la gerente, siendo la única institución pública que tiene la promoción, prevención y atención mental en el Tolima, para ser la ejecutora de la política pública de salud mental de la región. Vemos que en órdenes de prestación de servicio tienen para el 2023, 181 órdenes, y para el 2024 156 y eso que no se ha terminado el periodo, demostrando que no se está cumpliendo con la formalización laboral”, criticó Reyes. 

Otro de los debates adelantados en la duma fue relacionado con la problemática del sector turístico en el oriente del Tolima a raíz de las intervenciones viales de la doble calzada Bogotá – Girardot, donde en el municipio de Melgar se ha advertido sobre un paro turístico el próximo 11 de diciembre por parte de los comerciantes. 

“Sabemos que la infraestructura es necesaria para el territorio, pero Melgar se ha visto afectado con una ocupación hotelera que era de más del 100% termina siendo del 12%, debido a que los turistas no quieren viajar porque tardan hasta 8 horas para llegar allí, y estamos muy preocupados por esa situación”, mencionó el diputado Julio César Morato. 

Finalmente, se propuso para debate de control político el contrato de obra pública y de interventoría para la construcción de Alameda estudiantil en el municipio de Melgar y la actual problemática financiera que atraviesa la Cruz Roja Colombiana Sede Ibagué, la cual se encuentra a esta hora en discusión.