Mediante rueda de prensa conjunta entre Fiscalía, Procuraduría y Contraloría a nivel nacional, se dieron a conocer nuevos detalles de los procesos disciplinarios establecidos por las presuntas irregularidades en la contratación pública para atender la emergencia provocada por el COVID-19.

Inicialmente, el procurador Fernando Carrillo manifestó que se ha podido evidenciar cómo algunas autoridades gubernamentales han recurrido al pago de presuntos "favores políticos" mediante la entrega de contratos que al parecer soportan inversiones hechas por privados durante la época electoral.

Carrillo también se refirió a la apertura de investigación contra el alcalde de Lérida por la presunta omisión en la toma de medidas orientadas a garantizar el distanciamiento social, pues aparentemente permitió escenarios de aglomeración en el interior de un supermercado que sería de su propiedad.

La Contraloría se pronunció

Por su parte, el contralor Carlos Felipe Córdoba indicó que los mandatarios de El Espinal e Icononzo en el departamento del Tolima también estarían involucrados en acciones presuntamente irregulares por establecer vínculos contractuales con quienes en su momento inyectaron recursos en campaña.

"Hemos emitido 340 alertas por presuntos sobrecostos del 21% en promedio en contratos cuyo valor total llega a los $448 mil millones", dijo Córdoba, y agregó que el número de alertas creció en un 49% durante el último mes, motivo por el cual algunas administraciones habrían renegociado contratos.

Del mismo modo, dichas alertas representaron la anulación de más de 29 mil contratos en diferentes regiones del país, reduciendo así posibles escenarios de acciones al margen de la ley con utilización indebida de los recursos públicos.

El caso de Ibagué

Con respecto a la polémica generada en la capital tolimense por el hecho de que la Contraloría Municipal entregó un informe preliminar que arrojaba presuntas acciones irregulares del alcalde Hurtado y luego lo sacó en limpio en el informe definitivo, el contralor Carlos Felipe Córdoba explicó que por ese motivo hubo una reunión con los concejales de la ciudad.

"La Contraloría General de la República es autónoma y diferente a la Contraloría de Ibagué, por eso nosotros, respetuosos de su autonomía constitucional, dejamos que avanzara su investigación y bajo una nueva denuncia hemos emprendido la tarea para ver si existen los presuntos sobrecostos", puntualizó.