Tras los anuncios realizados por la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría General de la República, se conocieron detalles de las actuaciones investigativas y primeras decisiones administrativas en contra de varios funcionarios del país, donde se vieron involucrados contratistas, secretarios de despacho, alcaldes y gobernadores. 

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Así las cosas, el departamento del Tolima no fue la excepción en medio de las investigaciones que se adelantan por las presuntas irregularidades en el manejo de los recursos para la atención de la emergencia sanitaria, causada por la pandemia del coronavirus COVID-19. 

Recordemos que tras la rueda de prensa realizada por los representantes de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, se conoció de los procesos que se adelantan contra los alcaldes de San Antonio y Palocabildo (capturado), al igual que en contra de algunos de sus funcionarios. 

Sin embargo, las noticias más relevantes golpearon a la Gobernación del Tolima, en cabeza de Ricardo Orozco Valero, donde se evidenciaron presuntas irregularidades en el desarrollo de siete contratos (No 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0527 y 0531) que suman un valor aproximado a los 14 mil millones de pesos.  

Recordemos que las empresas vinculadas a esta investigación son:

* León Gráficas SAS (0493), por un valor de mil 20 millones de pesos, para el manejo del plan de medios. Supervisor del contrato Camilo Ernesto Valencia Agudelo. 

* Sociedad Sierra Pineda SAS (0494), por un valor de cinco mil 500 millones de pesos, por la compra de 55 mil kits de alimentación y elementos de aseo. Supervisor del contrato Paula Andrea Gongora Saavedra. 

* Sociedad Único Technology & Solutions SAS (0495), por un valor de 557 millones 858 mil 050 pesos, por la prestación de servicio de Contact Center, para el suministro de información y atención a los ciudadanos a nivel departamental en el manejo de los protocolos del COVID-19. Supervisor del contrato Aldo Eugenio Beltrán Rivera. 

* Corporación El Hospital IPS  (0496), por un valor de mil 658 millones 762 mil 843 pesos, para contratar el suministro de insumos médicos para la atención humanitaria de la población tolimense con base a la urgencia manifiesta generada por el coronavirus. Supervisor del contrato Gilma Lucía Peña. 

*Sociedad Draeger Colombia SA (0497), por un valor de 348 millones 194 mil pesos, para la compra de cinco ventiladores mecánicos. Supervisor del contrato Eduin Augusto Rivera Loaiza. 

* Sociedad LM Instruments SA (0527), por un valor de 792 millones 716 mil 266.80 pesos, para contratar la adquisición de un fibrobroncoscopio. Supervisor del contrato Eduin Augusto Rivera Loaiza. 

* Sociedad Enred Group SAS (0531), por un valor de cinco mil millones de pesos, para el suministro de 50.000 kits de alimentación y elementos de aseo. Supervisor del contrato Gustavo Adolfo Castaño Ríos.

Vale la pena señalar que frente a los contratos 0494 y 0531, la Procuraduría ordenó realizar la cotización de los productos entregados en los kits, en grandes superficies con presencia total o parcial en el departamento del Tolima, para determinar si los artículos de la canasta familiar podrían haberse adquirido a precios más bajos. Los servicios prestados por estos establecimientos deberían haber sido puestos en consideración, para evitar el posible detrimento del patrimonio y erario público, en el marco del estado de emergencia por el que atraviesa el país. Tales superficies son: Alkosto, Cencosud, UT La Recetta Nutresa y Makro. 

Los productos a cotizar en estos establecimientos son: Atún en lomitos lata 160 gr. Atún en lomitos 170 gr. En agua y aceite. Aceite de cocina botella 900 a 1000 ml. Harina de maíz bolsa 500 gr. Cereal para sopa bolsa 250 gr. Pasta para seco bolsa 250 gr. Pasta para sopa bolsa 250 gr. Pasta para seco y para sopa 1500 gr. Harina de trigo bolsa 500 gr. Leche en polvo bolsa 380 gr. Leche en polvo 900 gr. Modificador de leche saborizado bolsa 200 gr. Cuchuco bolsa 500 gr. Lenteja bolsa 500 gr. Arveja 454 gr. Panela bolsa 500 gr. Panela redonda 500 gr. Azúcar bolsa 500 gr. Sal bolsa 500 gr. Sal 1000 gr. Arroz bolsa 500 gr. Jabón para loza unidad 235 gr. Jabón para loza 450 gr. Crema dental unidad 60 ml. Crema dental 53 gr. Jabón en barra para baño unidad 120 gr. Jabón en polvo para ropa unidad 500 gr. Cepillo de dientes unidad. Jabón en barra para ropa unidad 450 gr. Papel higiénico unidad, sencillo, doble y triple hoja. Cuchilla de afeitar unidad.

Ahora bien, en el auto de la Procuraduría, se conoció que la entidad solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio un informe detallado, certificado y soportado documentalmente sobre las posibles actuaciones que ese organismo de inspección, vigilancia y control, pueda estar o llegue a iniciar en contra de las sociedades Enred Group SAS, Corporación El Hospital IPS, Sierra Pineda SAS, León Gráficas SAS, LM Instruments SA, Draeger Colombia SA y Único Technology & Solutions SAS; por presuntos actos de especulación en la contratación adelantada con la Gobernación del Tolima.

De igual forma, se requirió a las Cámaras de Comercio de Bogotá (Cundinamarca), La Dorada (Caldas), Puerto Boyacá (Boyacá), Puerto Salgar (Antioquia) y Oriente de Caldas, las certificaciones de existencia, representación y de registro único de proponentes de las empresas antes mencionadas. 

De igual forma, se requirió a las sociedades Draeger Colombia SA y LM Instruments SA, certificación soportada en los registros contables y demás documentos de comercio pertinentes, de los precios de adquisición y venta y/o suministro al mayor y al detal, de los productos y servicios iguales o de similares características y condiciones a los suministrados a la administración departamental. 

En cuanto a la Gobernación del Tolima, se exigió la certificación soportada y documentada de la información subida al SECOP, respecto a los contratos ya mencionados, donde se incluya la certificación expresa de la fecha de los respectivos registros y cargues (qué y cuándo), y del o los funcionarios responsables de dichos registros al interior de la entidad territorial.

Una vez se cuente con los soportes pertinentes, se requerirá al Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), realizar con destino al expediente, un estudio y análisis de precios de los bienes y/o servicios objeto de los contratos de la Gobernación, en aras de determinar soportadamente si existieron o no sobrecostos y/o especulaciones en los mismos. 

Así las cosas, se ordenó abrir una investigación disciplinaria por las presuntas irregularidades cometidas en el proceso precontractual, contractual y poscontractual, en los contratos suscritos por la Gobernación en el desarrollo de la emergencia sanitaria, social y económica por la pandemia del COVID-19. 

Por lo anterior, la investigación principal recae sobre Ricardo Orozco Valero, en su calidad de ordenador del gasto y representante legal contractual delegante, por las presuntas irregularidades en la gestión de control y vigilancia de las funciones delegadas en el comité de administración del FOMETOL y la Secretaría de Salud departamental.

Así mismo, se abrió una investigación en contra de Santiago Barreto Triana, secretario General y de Apoyo a la Gestión, Adriana Alexandra Márquez, secretaria de Salud, Jorge Luciano Bolívar, secretario de Inclusión Social, Fredy Torres, secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo, y Alexander Tovar González, secretario del Interior. A estos funcionarios se les investiga por las presuntas irregularidades en el control y vigilancia del objetivo del fondo, la determinación de las actuaciones administrativas, financieras y contractuales a cargo del mismo y demás funciones del comité.

Sin embargo, hay que hacer claridad que en contra de Alexandra Márquez, se abrió una investigación por las presuntas irregularidades en la estructuración, etapa precontractual y celebración de los contratos N° 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0527 y 0531 de 2020.

Según la Procuraduría, la suspensión provisional a la secretaria de Salud departamental, esta motivada en su participación en la actividad precontractual y contractual, de la cual al parecer desconoció los principios de la contratación estatal y de la función administrativa, incurriendo en presuntas faltas de carácter gravisimo. 

De igual forma, se conoció de la investigación que adelanta la Procuraduría, en contra de Ximena del Pilar Pérez Henao, en su calidad de directora de la Dirección de Contratación departamental, por las presuntas irregularidades en el proceso de estructuración, celebración, perfeccionamiento y legalización de los contratos anteriormente relacionados.

Por su parte, serán investigados Camilo Ernesto Valencia, Aldo Eugenio Beltrán, Gilma Lucía Peña, Eduin Augusto Rivera y Gustavo Adolfo Castaño, en sus condiciones de supervisores de los mismos contratos, donde aparentemente se hallaron presuntas irregularidades en la supervisión de la ejecución, terminación y/o liquidación de estos.

Teniendo en cuenta la gravedad de las investigaciones por las presuntas irregularidades, se comisionó a la procuradora regional del Tolima, para que en un término no mayor a 10 días hábiles, recolecte toda la información de la vinculación y contratación de los funcionarios, así como los apartes pertinentes del manual de funciones vigente para cada uno de ellos. De igual forma se exige un informe soportado documentalmente de la estructura de las áreas u oficinas de prensa y comunicaciones de la administración central departamental y de las Secretarías de Educación, Cultura y Salud. 

De igual forma, se pidió recolectar detalles del plan de contingencia para la emergencia del COVID-19, así como los decretos, resoluciones, circulares y directivas expedidas por el gobernador del Tolima, el comité de administración del FOMETOL y/o los ordenadores del gasto y representantes legales delegados para la atención de la emergencia y la población del Tolima dentro de ella.

En cuanto al manejo de la información, se pidió realizar una indagación exhaustiva de los planes de medios y comunicaciones para la difusión de información relacionada a la emergencia sanitaria, entre los cuales se encuentra el contrato multimillonario firmado entre la administración departamental y León Gráficas SAS. Aparentemente el equipo de prensa de la Gobernación estaría en la capacidad de ejecutar estas mismas acciones, sin la necesidad de acudir a terceros y cancelar estás exorbitantes sumas de dinero. De ahí la orden de suspender inmediatamente el contrato con esa empresa. 

Por todo lo anterior, se ha exigido a los órganos de control regionales adelantar una verificación y cotización de los productos y servicios adquiridos, contrastando los precios para determinar si estos mismos servicios pudiesen haber sido adquiridos a costos mucho más bajos. De evidenciarse que no fue la mejor decisión, se estaría hablando de un claro caso de detrimento patrimonial. 
 
En este orden de ideas, se ha ordenado compulsar copias a la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación, para que estos órganos de control e investigación penal, adelante en las acciones correspondientes en el marco de su jurisdicción y funciones.