Pasar al contenido principal
Econoticias y Eventos
Tolima
COMPARTIR
Se ha copiado el vínculo

Detrimento patrimonial en la terminal del Carmen de Apicalá supera los $500 millones

Los hallazgos fueron trasladados a la Procuraduría General de la Nacional y a la Fiscalía para que se actúe de manera articulada.
Imagen
Crédito
Contraloría del Tolima
15 Abr 2020 - 15:34 COT por Ecos del Combeima

Luego de adelantar el proceso de auditoría especial por denuncia instaurada por presuntas irregularidades en el contrato 170 del 4 de junio de 2015, cuyo objeto social era la construcción de un terminal y/o parador de transporte municipal en esta población, la Contraloría del Tolima a cargo de Diego Andrés García, entregó como resultado cuatro observaciones administrativas, de las cuales tres tienen alcance fiscal por la suma de $534.860.163.10, dos de carácter disciplinario y una con incidencia penal.

De acuerdo al informe de auditoría, sobre el manejo de estos recursos, se puede calificar la actuación administrativa como ineficiente y antieconómica, además se evidencia que la interventoría y la supervisión de dicho contrato fue deficiente.

“Se debe señalar que la falta de planeación para esta obra es evidente, pues se ignoró lo señalado en el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) que prohíbe en el predio construido, los usos que generen altos volúmenes de tráfico y contaminación auditiva”, indica el informe.

Luego de realizarse la inspección a los documentos y a la obra, la comisión auditora encontró que faltan; estudios de factibilidad, proyectos e investigaciones, estudios de la normatividad vigente por parte del Ministerio de Transporte, estudio de la situación actual y proyección de uso futuro de la obra para la previsión del mantenimiento, los elementos anteriores son ineludibles para establecer la conveniencia, necesidad y oportunidad en la aplicación a la racionalidad del gasto público.

La administración en la cual se viabilizó y adelantó este proyecto corresponde a la liderada por el señor, Héctor Pedro Lamar en el año 2015, para el año siguiente, en cabeza del señor Emiliano Salcedo se presentó una adición a este contrato, lo cual deja a este municipio con un elefante blanco de más de cuatro años a la espera de su funcionamiento.

Según Diego Andrés García Murillo, los hallazgos fueron trasladados a la Procuraduría General de la Nacional y a la Fiscalía para que se actúe de manera articulada. Así mismo, resaltó la importancia de las denuncias por parte de la comunidad y resaltó que uno de los propósitos de esta entidad es recuperar la confianza de los tolimenses en los entes de control.