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IBAGUÉ - COLOMBIA, 01.Junio.2020
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  |   18.Diciembre.2019   |   Por:  
Ecos del Combeima

Juzgado admitió demanda de nulidad contra el municipio y el Concejo de Cajamarca

El abogado Wilson Vallejo explicó que con esto se busca declarar la nulidad de los actos administrativos en los que se adoptó el resultado de la consulta popular que prohíbe la minería en esa población.
Universidad de Ibagué

En días pasados el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué admitió la demanda de nulidad interpuesta por el abogado Wilson Vallejo contra el municipio de Cajamarca y el Concejo Municipal con la cual se busca demostrar que uno de los actos administrativos emitidos para prohibir la minería en la población perdieron fuerza legal.

El abogado en diálogo con Econoticias explicó que lo que se admitió fue una acción de nulidad contra uno de los actos administrativos emitido por el Concejo municipal y la Alcaldía de Cajamarca donde se daba respuesta a unos derechos de petición que en el mes de agosto se presentaron, así como también a Cortolima.

Sobre los derechos de petición, indicó que los mismos tenían como “argumentación que en virtud a lo establecido por la sentencia SU 095 del 2018 la Corte Constitucional estableció que el uso del subsuelo no es competencia de los Concejos Municipales y de los municipios, que ese uso debe estar reglamentado después de existir unas actas de conciliación con el Plan Nacional de Desarrollo el Plan Departamental de Desarrollo y el Plan Municipal de Desarrollo atendiendo las políticas macroeconómicas del Estado”.

Lo que se quería exponer a través de esos documentos es que “los actos mediante los cuales acogieron los resultados de la consulta popular minera del 2017 perdieron fuerza ejecutoria en virtud a la decisión de la Corte Constitucional que le dio el verdadero alcance a la interpretación que tienen la facultad los municipios para poder reglamentar el uso del suelo”.

Es así como se evidenció que debido a que la respuesta fue negativa, se accedió a interponer las respectivas acciones de nulidad tanto en un Juzgado de Ibagué como en el Consejo de Estado para el caso de Cortolima, con el fin de que se establezca quién tiene la razón y se declare o no la nulidad de los actos administrativos y la perdida de ejecutoria de los resultados de la consulta popular.

Al ser notificados, el Concejo y la Alcaldía de Cajamarca tendrán 20 días hábiles para contestar la demanda y avanzar en este proceso.