En una sola voz las directivas, funcionarios y contratistas de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible del país y de ASOCARS, manifestaron su rechazo y protesta por las amenazas de muerte recibidas por el director general de la Corporación Autónoma Regional del Tolima - Cortolima, Jorge Enrique Cardoso Rodríguez.

Estas asociaciones manifestaron en el comunicado lo ocurrido en las últimas horas donde indicaron que las amenazas fueron emitidas presuntamente por la organización al margen de la ley autodenominada “Águilas Negras – Bloque Capital D.C.”, y declaran como objetivo militar al director general de Cortolima, a varios líderes sociales y representantes de resguardos y cabildos indígenas del Sur del Tolima, así como a medios de comunicación de la región.

Según ASOCARS y las CAR, “esta intimidación deja en evidencia la vulnerabilidad que en el territorio tienen los líderes, funcionarios y activistas ambientales que velan por mantener el equilibrio entre las acciones desarrollistas del hombre y los recursos naturales, en el marco y el respeto de los parámetros normativos y legales de las políticas ambientales que expide el Gobierno Nacional”.

Por esos hechos, expresaron su solidaridad con el director de Cortolima e hicieron un llamado a las autoridades “para que se tomen con la mayor prontitud y responsabilidad las medidas necesarias para velar por la protección de la vida del director y de todas las personas que se ven sometidas a estos riesgos, por cumplir su función institucional ambiental”, dijo Ramón Leal Leal, director ejecutivo de ASOCARS”.

Es de recordar que ASOCARS para el 2015 hizo un fuerte llamado de atención a las autoridades de seguridad por el homicidio de un funcionario de control y vigilancia ambiental de la CDA, y del jefe de Control Interno de CORPONOR, así como en 2018 manifestó su rechazo y protesta por las amenazas contra la vida del director de CORPOGUAVIO, y el pasado 12 de junio lamentó la muerte violenta de un contratista de CODECHOCÓ, casos que evidencian el riesgo real del trabajo ambiental en las regiones y pone en evidencia la necesidad de no dejar pasar inadvertidas las amenazas que reciben los funcionarios, que en las regiones, trabajan por la protección de nuestras riquezas naturales.