El alcalde de Ambalema, Juan Carlos Chavarro, se refirió a la preocupación que existe entre la población por las demoras que se han tenido en la entrega de 123 subsidios de vivienda del proyecto Villa Eduardo liderado por el Gobierno Nacional, el cual lo creo luego de la ola invernal en el año 2010 y que hasta ahora se han entregado 30 casas.

Según el mandatario, “desde el 2011 a la fecha ha tenido cualquier cantidad de inconvenientes, crememos que inicialmente el Ministerio de Vivienda por la celeridad de hacer contrapeso a la calamidad que hubo, expidió un decreto donde colocó una serie de trámites y entidades participantes de ese proyecto que lo ha hecho inviable”.

Explicó que de los 35 proyectos que se dieron a nivel nacional por la ola invernal para esa época, “hoy en día hay 13 que están con el mismo problema que el de Ambalema y los otros se han resuelto hasta el año anterior y este año”, toda vez que los recursos son manejados por Fidubogotá el cual “ha sido muy negligente en el manejo de los recursos, están muy bien allá, pero la gente sin sus casas”.

Hasta el momento se ha hecho el anticipo de 1.200 millones al constructor, pero eso no le ha permitido terminar de construir todas las viviendas, “para el 2016 se construyeron 30 casas que ya se entregaron a los beneficiarios y hoy en día no se ha podido escriturar por culpa de la fiducia que es la dueña del lote y al no escriturarlas el constructor no puede cobrar el resto de los recursos y también tiene temor de seguir haciendo inversiones”.

Uno de los inconvenientes que ha preocupado a la administración municipal “es que en junio 30 termina la vigencia de los recursos, cada año la prorrogan, este año el Gobierno no quiere prorrogar más la vigencia de los subsidios porque requiere los recursos para otros proyectos, quieren recoger la plata”.

Debido a ese inconveniente, el alcalde Juan Carlos Chavarro, estará este martes en el Ministerio de Vivienda llevando la propuesta de terminar el proyecto entregando los 1.200 millones restantes, toda vez que los dineros invertidos podrían representar un detrimento patrimonial si se llega a suspender”.