Desde hace varios días se conoció una decisión del Tribunal Administrativo de declarar procedente la medida cautelar solicitada para suspender el suministro de agua en el corregimiento de Doima, y las veredas Chicalá y Manga de los Rodríguez, toda vez que en estudios realizados por la Secretaría de Salud del Departamento se encontró un alto contenido de cobre que pone en peligro la vida de los usuarios.

Frente a esta decisión, el abogado Néstor Gregori Díaz, manifestó que este seguimiento se ha venido haciendo desde el 2017, cuando se conoció que el agua que suministra la Junta de Usuarios de Doima no era apta para el consumo humano y además que el servicio era ineficiente, toda vez que se presta cada dos días durante la semana.

El abogado informó que el pasado 18 de marzo el alcalde Pedro Bocanegra y la Junta fueron notificados de la decisión y la misma debían acatarla, teniendo en cuenta que se ordenaba la suspensión del agua, sin embargo, deberían garantizar el servicio hasta cuando demuestren que el agua que suministran es potable, medida que no fuera adoptada por las partes, poniendo en peligro la salud de 300 familias de esa zona.

Por su parte, el alcalde de Piedras, Pedro Bocanegra, aseguró que tiene conocimiento de la decisión del Tribunal, sin embargo, manifestó que lo que debían hacer es explicarle al Tribunal “qué hemos hecho como mandatarios para mejorar y ahí lo estamos mostrando, tenemos el pozo profundo de planta de tratamiento”.

De igual forma, dijo que “tenemos que responder en Doima donde falta un tema de una estructura por parte de la EDAT, para hacer un acuerdo de cambio de estructura del diseño del tanque elevado, por eso es que hoy en día está parado pero no por los contratista”.

El mandatario aseguró que estuvo en diálogos con la Procuraduría Ambiental y con la EDAT, donde se expuso que se están cumpliendo con los compromisos asumidos en su administración, donde se tuvo un primer resultado en Chicalá y en Doima faltan los estudios para concluir las obras del acueducto.

Bocanegra aprovechó para denunciar que “el concejal Hernando Jiménez debe 120 meses de agua, equivalente a más de un millón de pesos y exige un suministro de agua potable”, asegurando que eso se trata de “una persecución política más no de un beneficio”.