En el primero de ellos, en medio de un paro nacional, el gobierno se vio forzado a reconocer a medias un estatus laboral precario para 58.000 madres comunitarias, que van a ser contratadas por unos intermediarios denominados Empresas Administradoras de Servicios, que sirven principalmente para esconder esas mujeres son trabajadores del ICBF.

Si bien esta medida es un avance si se compara con el panorama anterior de total desprotección de las madres comunitarias, resulta inverosímil que estas alturas del siglo XXI se estuviera discutiendo si las madres pueden ser beneficiarias del tratamiento legal que recibe cualquier trabajador en el país. 

Al revisar las conclusiones de la negociación con el gobierno se observa, que las lagunas en la situación laboral y pensional de las madres son inmensas y profundas y que las soluciones que el propio gobierno nacional propone se resumen en una instalación de mesas de diálogo. 

En un segundo hecho, este en el ámbito  local, el alcalde de Ibagué en un gesto magnánimo, se fotografió con un grupo de gestantes trabajadoras del municipio y se comprometió a darles estabilidad del empleo. El alcalde lo hizo después de haber despedido una embarazada que tuvo que reintegrar forzado por una decisión judicial.

La protección de la mujer embarazada no se da porque nuestro burgomaestre sea querido o por sus dotes fotogénicas; esa protección se da porque nuestro ordenamiento legal la establece y porque quien no la acate, se ve expuesto, como ya se dio cuenta el alcalde, a las decisiones de los jueces y a las sanciones administrativas que vendrán.

Así las cosas en el siglo XXI la mujer colombiana se debate entre la indiferencia del gobierno nacional frente a las reclamaciones más que justas de las madres comunitarias y la politiquería local que quiere aparecer como adalid de la protección de las maternas, después de haber pisoteado los derechos de una de ellas.

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