La idea forma parte de un proyecto radicado en el Congreso y de autoría de Clara Rojas. Las sanciones irían de 98.000 a 780.000 pesos.Por su parte, las trabajadoras sexuales organizadas en sindicato dicen que se afecta su derecho al trabajo.

‘Hay que acabar la prostitución’

La representante a la Cámara Clara Rojas, autora del proyecto, aseguró que lo que se busca es proteger a una población “vulnerable”.

¿Cuál es la idea del proyecto?

Tiene por objeto sancionar a las personas que paguen por servicios sexuales. Las multas están entre cerca de 95.000 pesos y 780.000 pesos. La ley prevé generar un fondo de protección para las personas ligadas a esta actividad, que va de la mano con la trata de personas. 

Las trabajadoras sexuales dicen que esto atenta contra su derecho al trabajo…

Esta labor es realmente una explotación, ya las Naciones Unidas han venido condenando esta práctica, porque atenta contra los derechos humanos. Esperamos que más pronto que tarde ellas entiendan de la bondad de esta ley.

Buscamos que Colombia no se vuelva un destino ni de sexo, ni de drogas ni de trata de personas

Buscamos que Colombia no se vuelva un destino ni de sexo, ni de drogas ni de trata de personas. Lo que se quiere es combatir y acabar ese negocio. El proyecto va para esta población vulnerable.

¿La prostitución se podría volver más clandestina?

Esperemos que no. La idea es, por el contrario, reducir la actividad a su mínima expresión.

‘No somos víctimas ni discapacitadas’

Fidelia Suárez, presidenta del sindicato de trabajadoras sexuales, rechazó que el proyecto equipare el trabajo sexual con la trata de personas. 

¿Cómo le parece el proyecto?

No fue construido para beneficiar ni proteger a la población que ejerce trabajo sexual. Nosotras no somos víctimas ni discapacitadas, somos personas que con consentimiento propio decidimos ejercer un trabajo más en el país. Multar a quienes pagan por servicios sexuales es penalizar a toda la población que lo ejerce.

No podemos igualar el trabajo sexual, que es una actividad legal, con la trata de personas, que es un delito

¿Qué efectos tendría esta iniciativa?

Es estigmatizante y discriminatoria. Hace que el trabajo sexual se vuelva más clandestino. No podemos igualar el trabajo sexual, que es una actividad legal, con la trata de personas, que es un delito. La población que ejerce trabajo sexual tiene bien claro cuál es su oficio.

No necesitamos quién nos represente, tampoco necesitamos quién nos diga cómo debemos reconocernos. 

En el proyecto se argumenta que la idea es proteger a una población vulnerable…

Nosotras no somos vulnerables. A nosotros nos vulnera es aquel a quien le conviene usarnos para su propio beneficio.

Tomado de El Tiempo (ver nota origianal)