En vilo se encuentran los 18 concejales de Ibagué que participaron en la elección del contralor Ramiro Sánchez y el personero Julián Prada tras conocerse que la Procuraduría Regional abrió dos procesos en su contra en los cuáles se determinará la responsabilidad de los cabildantes, esta decisión podría desembocar en que perdieran su curul y enfrentarán hasta 20 años de inhabilidad política. 

El veedor ciudadano Harold Ríos Tinoco se mostró complacido por la decisión y afirmó que los concejales “deben ser destituidos de su cargo como dice el Código, es necesario castigar las picardías de los cabildantes para que estas situaciones no se vuelvan a repetir en ninguna capital ni en ningún municipio”. (Lea también “Deben ser destituidos de su cargo, es necesario castigar las picardías de los cabildantes de Ibagué”: Harold Ríos)

Además se conoció que la senadora Claudia López solicitó que la Procuraduría le brindé garantías al veedor ciudadano y se solidarizó en la lucha anticorrupción que éste ha emprendido para lograr que el aparente acto de corrupción que se cometió desde el Concejo, no quedé impune. 

El concejal William Rojas se mostró en desacuerdo con el apoyo de la senadora al veedor ciudadano y expresó que “fui quien la traje a Ibagué en el tema de la Consulta Popular Minera y siempre la hemos atendido, no entiendo que un enemigo se una a un amigo y se conviertan en dos enemigos para presionar a un organismo que tiene que hacer el ejercicio propio de la justicia, espero que el proceso culmine favorablemente para nosotros”. 

El cabildante se mostró preocupado por las garantías en el proceso e indicó que aún no han sido juzgados y ya están siendo sentenciados por los medios de comunicación y muchas otras esferas de la sociedad.