En declaraciones al Ping Pong Político de Econoticias, el secretario de Gobierno designado de Ibagué, Edward Amaya Márquez se refirió a los retos que afrontará desde el próximo primero en temas como espacio público, inseguridad e invasiones.

“Encontré los mismos problemas, multiplicados por diez”, comentó Amaya, quien ocupó ese cargo durante el gobierno de Jesús María Botero.

Criticó el manejo de la figura de confianza legítima, entregada a vendedores que ocupan el espacio público. “Hubo una administración que ferió la confianza legítima. Le dieron confianza legítima hasta a extranjeros. Eso genera una situación bastante complicada”, enfatizó Amaya.

Frente a la invasión del espacio público, Amaya indicó que liderará una mesas de diálogo para explorar alternativas a corto y mediano plazo.

En cuanto a la inseguridad, expresó que ya se ha reunido con los comandantes de la Policía Metropolitana de Ibagué y de la Sexta Brigada del Ejército Nacional a quienes ha comentado sus ideas para trazar estrategias que permitan a los ibaguereños vivir en una ciudad segura. 

“La coronel Sandra Rodríguez tiene los pantalones bien puestos. Es una mujer que tiene mucha experiencia. Me han hablado muy bien de ella y trabajaremos unidos por poner en marcha diversas estrategias a partir del primero de enero”, explicó.

Respecto a sus diferencias con el Gobierno Nacional, Amaya  precisó que “una cosa es el periodista que está obligado a decir lo que piensa y otra el ejercicio de la función pública”.

De igual forma, Amaya indicó que aunque no comparte la decisión del Gobierno Nacional sobre el consumo de sustancias psicoactivas en el espacio público acatará esa disposición.

“Quisiera que el decreto nacional no existiera, pero nos corresponde definir zonas para el consumo libre de drogas”, comentó.

Finalmente, sobre la controvertida licitación para la compra del software ‘El Ojo de Dios’, indicó que va a revisar detalladamente el tema después del 2 de enero.

“Tengo que mirar la legalidad del proceso, que haya sido aprobado en el comité de orden público y si está ajustada a la ley”, concluyó.