El organismo judicial señaló que Álvarez permitió la ejecución de modificaciones irregulares al contrato establecido, cuando se desempeñaba como la máxima autoridad de la cartera de transporte durante la administración de Juan Manuel Santos. Entre las modificaciones citadas por la Fiscalía, está la adición al proyecto vial del tramo Ocaña-Gamarra. 

En el documento oficial, se señala que “la ex funcionaria habría desconocido las normas contractuales, la jurisprudencia y un concepto de la Sala de Consulta del Consejo de Estado”. El escrito de acusación, que fue realizado por un fiscal delegado ante la Corte Suprema, indica que la exministra de transporte, Cecilia Álvarez, habría desnaturalizado el contrato de concesión original, desconociendo que las obras adicionales se debían adelantar por licitación pública. 

La exministra debió impedir que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), como entidad adscrita al Ministerio de Transporte, realizará cambios improcedentes al contrato vial. Esas modificaciones le permitieron al Consorcio Ruta del Sol asumir la construcción del nuevo trayecto sin el desarrollo previo de un proceso de licitación que incluyera otros oferentes interesados en llevar a cabo el proyecto. 

Además, el organismo judicial consideró que se presentaron irregularidades en la autorización de la exministra para la instalación de dos nuevos peajes y el aumento de las tarifas en otros cinco. “La Fiscalía considera que la exministra de Transporte sería responsable del delito de interés indebido en la celebración de contratos”, señala el documento público. 

De esta manera, la audiencia de acusación a la exministra Cecilia Álvarez será programada por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. Este es un nuevo capítulo del Caso Odebrecht que revela gestiones y omisiones de altos funcionarios públicos durante el desarrollo de las licitaciones del proyecto vial del que hizo parte la constructora brasileña.