En una explosiva declaración a través de sus redes sociales, el congresista Jota Pe Hernández ha levantado un velo de preocupación sobre supuestos pagos millonarios que el Gobierno habría entregado a diversas organizaciones indígenas en Colombia. Según la denuncia presentada por el legislador, más de 281.000 millones de pesos estarían en cuestión, una cifra que ha dejado a la nación atónita.

Según la información compartida por el congresista, un total de 50 grupos indígenas se encontrarían en el centro de esta controversia financiera. El congresista Hernández reveló que de este colosal monto, ocho organizaciones ya han recibido una parte sustancial de estos fondos. Entre las principales beneficiarias se encuentran el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), que habría recibido la astronómica suma de $166.523 millones de pesos. A su vez, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) se habría beneficiado con $40.963 millones de pesos, mientras que la Unidad Indígena del Pueblo Awa (UNIPA) habría obtenido $20.408 millones de pesos.

Los detalles de estos pagos millonarios no dejan de asombrar, ya que, según la denuncia, se habrían destinado grandes sumas de dinero para tareas aparentemente insólitas. Por ejemplo, la creación de un juego de mesa habría resultado en un pago de 70 millones de pesos a un líder indígena, mientras que la producción de un video de apenas 7 minutos habría costado $15 millones de pesos. El manejo de redes sociales habría generado un gasto de $204 millones de pesos, y los auxiliares de estos trabajadores habrían recibido $192 millones de pesos.

La denuncia también menciona que la contratación de un asesor espiritual habría implicado un desembolso de 80 millones de pesos, y sorprendentemente, la participación de 14 líderes indígenas en delegaciones oficiales habría costado al erario público la asombrosa cifra de $1.120 millones de pesos.

La revelación del congresista Jota Pe Hernández ha generado un intenso debate en el país, con llamados a la transparencia y la rendición de cuentas por parte de las organizaciones indígenas involucradas. El Gobierno, por su parte, aún no ha respondido a estas acusaciones, lo que aumenta la expectativa sobre cómo se desarrollará esta controvertida situación en los días por venir.