La investigación penal en contra del senador del Centro Democrático Ciro Ramírez por hechos relacionados con la red de corrupción del condenado excongresista Mario Castaño no solo lo afectará a él; otros senadores y políticos tendrán que responder, entre ellos dos tolimenses, según un informe de Noticias Uno.

A Ciro Ramírez se le investiga presuntamente por haber recibido mil millones de pesos en coimas derivados de contratos que él ayudó a gestionar en el gobierno Duque y se encontró mérito para pedir apertura de procesos contra 5 congresistas más.

La investigación que abrió la sala de instrucción de la Corte Suprema contra el senador del uribismo Ciro Ramírez se relaciona con mil millones de pesos que al parecer él recibió por gestionar contratos de obras civiles e interventoría para los departamentos de Quindío y Tolima.

En la información que los investigadores consignaron en el expediente se asegura que los 13 contratos públicos que él logró que se concretaran costaron cerca de 20.000 millones de pesos.

Según Noticias Uno, en contraprestación por esa adjudicación, Pierre Eugenio García Jacquier y Ciro Ramírez Cortés habrían recibido un pago parcial de mil millones de pesos.

Esos mil millones de pesos no habrían sido solo para el congresista boyacense, al parecer se los repartió con otro alfil del Centro Democrático el tolimense Pierre Eugenio García Jacquier, quien fue subdirector del Departamento de Prosperidad Social en el gobierno Duque.

Entre las evidencias de la Corte hay un testigo que los incrimina. Su relato cuenta cómo era el entramado de corrupción y sobre las reuniones que se hicieron.
 
Delató que en uno de los encuentros el senador Ciro Ramírez y García Jacquier inquirieron sobre la posibilidad de obtener el 10% del valor total de las contrataciones, lo anterior en alusión a la exigencia de coimas.

La entidad estatal para la que trabajaba el testigo debía contratar por medio de invitaciones privadas a quienes eran elegidos por Ciro Ramírez y sus copartícipes para que ejecutaran los contratos que eran financiados con recursos del Fondo de Inversión para la Paz.

En específico destacó el declarante le requirieron orientar los procesos de contratación en favor de los intereses de Anderson González González y Raúl Alfonso Cardozo Ordóñez.

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema expedirá copias por hechos similares contra los políticos Juan Felipe Lemos,  del Partido de la U;  Samy Merheg y Miguel Ángel Barreto, del partido Conservador; así como contra Carlos Abraham Jiménez y Carlos Fernando Motoa de Cambio Radical.