Luego de tres intentos fallidos la Comisión Quinta del Senado debatió el proyecto de ley que pretende la prohibición del fracking en Colombia como método para la explotación de hidrocarburos.
 
La sesión se adelantó en presencia de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez Torres; la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad; el ministro del Interior, Alfonso Prada; la Agencia Nacional de Hidrocarburos -ANH-, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA- y representantes de Ecopetrol.
 
Durante el debate se discutieron las tres iniciativas sobre el tema. Una del Centro Democrático, que buscaba que  el Proyecto Ley fuera archivado. 
 
La ponente de esta iniciativa Jenny Rozo manifestó que  “Hay varios mitos sobre el Fracking, que debemos desmentir; el fracturamiento hidráulico no pone en riesgo las fuentes de agua, se realiza 3 km por debajo de los acuíferos; tampoco es cierto que se usan grandes cantidades de químicos, cuando en realidad, emplea entre 4 y 16 aditivos químicos que los encontramos en elementos de uso diario, como el jabón, la crema de dientes, entre otros. Debemos aprovechar este potencial energético, garantizar la soberanía energética del país y prevenir riesgos macroeconómicos. Las reservas del país en crudo son de 6.3 años y 7.7 en gas”.
 
Rozo señaló que con la prohibición del fracking en el país, se perderían 95 mil empleos; la nación tendría un riesgo de autoabastecimiento, dado que los yacimientos convencionales, no brindan seguridad; y se vería sacrificado el desarrollo y estabilidad económica. “Nosotros recibimos 434 billones de pesos por este sector, el equivalente a 17 reformas tributarias. Perderíamos el 40% de la inversión extranjera”, añadió la senadora del Centro democrático.
 
El que pasó a plenaria
Por otro lado, el Senador, Jose David Name, del partido de La U,  indicó que "El país necesita una transición justa y adecuada. Estoy de acuerdo con la eliminación del fracking, pero no podemos acabar de tajo con el sector de hidrocarburos. Apoyamos la promesa de campaña que hizo el Presidente Gustavo Petro, Prohibir el Fracking; pero no creo que el Presidente se refiera a prohibir toda la industria petrolera y poner en riesgo las finanzas de la nación. Yo escucho que se puede traer gas de Venezuela, eso hoy no es real, no tenemos el gasoducto. No podemos mandar una señal errónea a la industria petrolera, que el dólar siga al alza y se afecte la inflación que no ha parado de subir".
 
A su turno el senador Miguel Ángel Barreto, Partido Conservador, señaló:  “Nosotros también decimos no al fracturamiento hidráulico,  nosotros cuidamos el medio ambiente, esa es una de nuestras prioridades y también lo es ser responsables con la seguridad jurídica de la nación. No queremos un mal mensaje lleno de incertidumbre financiera y jurídica a nuestro país; nosotros no queremos que aumente la pobreza, debemos ser responsables con las decisiones que tomemos”.
 
Dijo además el congresista, que la pérdida por prohibir la fracturación hidráulica vertical, desviado y horizontal, de una sola etapa, en los yacimientos convencionales existentes, rondaría entre $ 13,2 y 20,8 billones, de los ingresos corrientes de la nación.
 
Por su parte, el senador cucuteño Edgar Díaz Contreras, de Cambio Radical, recalcó: “Necesitamos enviar un mensaje a la comunidad internacional; hay contratos que ya fueron elaborados por el Estado, y hay contratos que están  en ejecución. Nosotros tenemos que evaluar cómo hacer para que el país tenga esa seguridad jurídica y no existan demandas multimillonarias contra la nación”. 
  
Prohibición total
La tercera ponencia ratificaba la prohibición del fracking, fue y presentada por la senadora Esmeralda Hernández Silva, del Pacto Histórico, quien señaló que “Esta es una iniciativa apoyada por 74 congresistas de diversos partidos, que se construyó con la ciudadanía, con los colectivos ambientales, los líderes y lideresas que luchan por la defensa de sus territorios. Este proyecto no busca prohibir la exploración de yacimientos convencionales, porque sería un proyecto totalmente inviable.”
 
Añadió que el proyecto de ley radicado tiene tres objetivos principales: El primero, se centra en prohibir la exploración y producción en yacimientos no convencionales; la prohibición de suscribir, adicionar u otorgar licencias dirigidas a yacimientos no convencionales, YNC; y otorgar un mandato al Gobierno Nacional para formular una política de transición energética justa, “el articulado otorga un tiempo al gobierno nacional, para que se concluyan los contratos suscritos que están vigentes al día de hoy y fueron firmados con anterioridad a la iniciativa”, precisó.
 
Otro de los ponentes del proyecto de ley, el senador boyacense Cesar Pachón Achury,  Coalición Pacto Histórico, se refirió a lo expuesto por sus colegas: “Le quieren decir a la sociedad colombiana que nosotros queremos acabar con la extracción de petróleo y eso no es cierto.  Lo que debe quedar claro es; hoy, las regalías por fracking no existen, pero sí va a continuar la explotación de los convencionales, y los departamentos seguirán recibiendo las regalías. Lo que vemos, es que al explotar estos YNC, en pozos verticales, desviados o en diferentes formas, nos quieren llevar a seguir en la dependencia de los hidrocarburos, sin permitirnos hacer una verdadera transición energética donde se reemplacen paulatinamente, que es nuestra ponencia.”
 
A su vez, el gobierno nacional, en cabeza de la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, defendió la postura del proyecto radicado: “Debemos aclarar que lo que dice el programa de gobierno es prohibir el fracking y eso implica los no convencionales. Esta no es una discusión que llegó ayer a la mesa. Esta iniciativa tuvo un referendo democrático. Esta es una discusión que comunidades de las zonas donde se propuso hacer esta práctica, llevan más de una década esperando un debate claro y que no los atropelle. Este programa se convirtió en mandato popular en las elecciones de 2022".
 
La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez señaló en su intervención que “Es necesario un régimen de transición, respecto a los 7 contratos de yacimiento no convencionales, que necesitan tener un cierre para evitar el riesgo fiscal, y eso debe quedar en el articulado con toda la transparencia. En segundo lugar, es muy importante que quede claro que el fracking se refiere al fracturamiento horizontal multietapa.  Hay un fracturamiento que se hace de manera vertical, pero no es el que se conoce como fracking. Tener ese tipo de precisiones nos permite asegurar que no afectamos los yacimientos y la explotación convencional”, concluyó. 
 
Por último, con 14 votos a favor, se aprobó la primera ponencia sobre el proyecto de ley, y continúa su avance para segundo debate en la plenaria del Senado.