La propuesta de modificar el presupuesto de la nación de 2027, radicada ante el Congreso de la República por el senador Enrique Gómez Martínez, y que pretende trasladar cien mil millones de pesos del presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, al Consejo Superior de la Judicatura, pone en grave riesgo el funcionamiento del tribunal transicional creado en el Acuerdo Final de Paz.

La propuesta de reducción del presupuesto de funcionamiento de la JEP, radicada en la Comisión Primera del Senado de la República y apoyada en un mensaje del presidente de la República, Abelardo de la Espriella, afectaría de forma directa el rubro de adquisición de bienes y servicios, lo que representa un impacto del 62 % de los recursos destinados a este concepto dentro del proyecto de ley, cuyo monto asciende hoy a $ 161.271 millones.

Esta amenaza de recorte se suma a una desfinanciación acumulada que ya arrastra la Jurisdicción por $84.663 millones. De concretarse esta proposición, se acabaría vulnerando directamente la garantía estatal de dotar a la JEP de la autonomía presupuestal, administrativa, técnica y de infraestructura indispensables para el cumplimiento de sus funciones constitucionales.

La JEP hace un llamado urgente a la comunidad internacional sobre los riesgos y afectaciones que conlleva una parálisis operativa de este tribunal para la independencia de la Justicia Transicional colombiana, así como en materia de garantías para las víctimas y seguridad jurídica para los comparecientes.

La institución es consciente de la crisis fiscal de la Rama Judicial y de los retos que presenta en materia de rezagos para proferir decisiones en procesos judiciales pendientes. Sin embargo, estas son problemáticas estructurales que no pueden ser resueltas a costa de una Jurisdicción creada y diseñada con el fin específico, bajo un marco de estricta temporalidad, destinado a investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves cometidos durante 50 años de conflicto armado interno.

Por las anteriores razones, la Jurisdicción pondrá en conocimiento de esta situación al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Relator de Naciones Unidas para la Independencia Judicial, a los países garantes del Acuerdo de Paz, así como a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.

Implicaciones para las víctimas y la administración de justicia

De concretarse una reducción de cien mil millones de pesos a la JEP, las consecuencias operativas y humanas para este componente de justicia del Sistema Integral para la Paz serían profundas, inmediatas e irreversibles.

Conllevaría a la imposibilidad de operación del sistema de protección a víctimas y testigos, intervinientes y operadores judiciales, al dejar sin financiación los $62.478 millones destinados a convenios con la Unidad Nacional de Protección, UNP. Esto dejaría desamparadas a miles de personas cuyos derechos, seguridad y vidas son protegidas por la Jurisdicción.

Así mismo, se produciría un inminente cierre e inoperancia de la sede principal y de la sede alterna de la JEP en Bogotá, al no contar con los $29.362 millones necesarios para el pago de arriendos, servicios públicos y mantenimiento básico, paralizando la atención a los ciudadanos, así como el trabajo general de las Salas y Secciones de la magistratura, de la Secretaría Ejecutiva y de la Unidad de Investigación y Acusación, UIA.

A su vez, conllevaría una restricción e inoperancia tecnológica, puesto que ocasionarían una afectación de más del 40 % de los recursos destinados al Datacenter, la interoperabilidad del sistema judicial ($8.160 millones), comprometiendo de ese modo la reserva y seguridad de la información, así como el desarrollo digital de los macrocasos y demás procesos de gestión de la información.

Sometimiento a la Justicia Penal Militar

Al mismo tiempo, en la misma Comisión Primera del Senado de la República, los partidos de gobierno vienen impulsando una reforma constitucional que busca establecer una revisión judicial automática a cargo de la Justicia Penal Militar de las sentencias de la JEP contra miembros de la fuerza pública.

Esta iniciativa legislativa se presenta en un contexto en el que la JEP ha dado resultados investigativos inéditos contra los antiguos líderes de las Farc-EP por la comisión de crímenes como el reclutamiento de menores de edad, la violencia sexual y los ataques contra Pueblos Étnicos; y, al mismo tiempo, ha imputado a 28 generales de la República, de los cuales ocho han reconocido su responsabilidad, en los contextos de civiles asesinados y desaparecidos para presentarlos falsamente como bajas en combate, el genocidio de la Unión Patriótica, los ataques contra la comunidad Awa en Nariño y, más recientemente, la denominada toma paramilitar de Barrancabermeja. Cabe señalar que ninguno de estos funcionarios públicos había sido imputado por la justicia penal ordinaria en toda su historia.

Estas iniciativas de estrategia combinada de asfixia económica y sometimiento de la JEP a la Justicia Penal Militar constituyen el más grave ataque que ha sufrido la Justicia Transicional colombiana contra su independencia y autonomía judicial. Al mismo tiempo, constituyen un grave atentado contra los derechos de las víctimas a la verdad, la reparación y la no repetición.

Incumplimiento de los compromisos de Estado

Las proposiciones de desfinanciación de la JEP y de modificación de su estructura, promovidas por los partidos de gobierno, conducen a la impunidad en materia de crímenes internacionales, desconocen manifiestamente el Acuerdo Final de Paz, vulneran los pilares fundamentales de la Constitución de 1991 en materia de respeto por los derechos de las víctimas y, asimismo, violan los compromisos internacionales asumidos por el Estado colombiano con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.

La comunidad internacional ha hecho constantes y reiterados llamados a respetar no solo la independencia en las decisiones de este tribunal especial, sino a garantizar su funcionamiento destinando los recursos necesarios para ello.

Con la firma del Acuerdo Final de Paz, depositado formalmente ante el Consejo Federal Suizo en Berna y reconocido como documento oficial ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, bajo la Resolución 2261—, el Estado colombiano asumió la obligación jurídica e inquebrantable de financiar de forma oportuna y suficiente la puesta en marcha y funcionamiento de la JEP. El Acuerdo obliga a todas las instituciones y autoridades del Estado a cumplir de buena fe lo pactado.

Adicionalmente, el segundo parágrafo del artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2017 dispone que “el Estado, por intermedio del Gobierno Nacional garantizará la autonomía administrativa y la suficiencia y autonomía presupuesta del SIVJRNR y del componente de justicia, para lo cual podrá hacer uso del Plan de Inversiones para la Paz contenido en el artículo 3 del Acto Legislativo 01 de 2016”.

Asfixiar financieramente a la JEP no solo vulnera la centralidad y participación efectiva de las víctimas en el proceso de Justicia Restaurativa, sino que constituye una flagrante violación de los compromisos internacionales asumidos por Colombia en materia de derechos humanos, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

La Jurisdicción Especial para la Paz insta a la reflexión del Congreso de la República sobre las consecuencias de esta proposición, y solicita el respaldo activo de la comunidad internacional, de la Misión de Verificación de la ONU y de los organismos multilaterales, para que exijan al Estado colombiano frenar esta iniciativa de desmantelamiento financiero y hace un llamado a garantizar los recursos indispensables para la operación continuada de la JEP.