El Gobierno nacional anunció que se dio por terminada la participación en los procesos de diálogo, espacios sociojurídicos y mecanismos de ubicación heredados de la administración anterior que no demostraron avances concretos en materia de paz, desarme o sometimiento a la justicia.

Esta medida abarca las mesas de negociación entabladas con el Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio, comandante Gentil Duarte, comandante Jorge Suárez Briceño y Frente Raúl Reyes; la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano; el Frente Guerrillero Comuneros del Sur, y el Ejército de Liberación Nacional, Eln.

Asimismo, concluyen los espacios socio jurídicos de conversación con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, al igual que con las estructuras criminales operantes en Medellín y el Valle de Aburrá, Quibdó y Buenaventura. 

De igual manera, se levanta la Zona de Ubicación Temporal del Valle del Guamuez.

El jefe del Estado cuestionó el costo que para las finanzas públicas tenía este mecanismo que a su juicio no dio solución.

Las cifras señalan que durante el cuatrienio anterior se erogaron más de $7.000 millones destinados exclusivamente a la asignación de honorarios para voceros, representantes y negociadores, cifra que no contempla los rubros asociados a esquemas de seguridad, viáticos, zonas de ubicación y demás gastos sufragados por el erario.

Sin incluir otros costos asumidos por el Estado, como los relacionados con esquemas de seguridad, desplazamientos, viáticos o las zonas habilitadas para desarrollar los procesos. 

El Gobierno nacional no mantendrá escenarios institucionales que sean instrumentalizados para prolongar el accionar delictivo, obtener beneficios procesales o evadir el imperio de la ley.

Quienes expresen una voluntad real de dejar las armas deberán someterse a la justicia; en contraste, quienes persistan en perpetrar actos de violencia contra la población civil serán enfrentados con toda la capacidad legal y legítima de la Fuerza Pública.