La representante Adriana Matiz alzó su voz en defensa del sector de la construcción, ante las afectaciones que han enfrentado en la oficina de Registro de Instrumentos Públicos.

En debate de Control Político en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, la congresista Adriana Matiz alzó su voz en defensa del sector de la Construcción del Tolima, ante las múltiples afectaciones que han enfrentado en la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Ibagué.

“Las afectaciones son supremamente graves para una ciudad que durante los últimos años ha ocupado los primeros lugares en las tasas de desempleo; y es que, en los últimos años esa oficina ha tenido varios cierres que han afectado su normal funcionamiento y de manera directa a quiénes van a realizar diferentes trámites”, mencionó la representante ante la superintendente.

Así mismo, Matiz reprochó los cierres constantes que ha tenido esta oficina en Ibagué, dejando claro que estas situaciones produjeron reducciones sustanciales del 85% en los procesos y las operaciones de naturaleza registral.

“Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019, se llevaron a cabo 23.342 registros de operaciones de compraventa, en comparación con el año 2020 que fue de 3.521. Es decir, entre el año 2019 y el año 2020 hubo una reducción en los trámites del 85%” enfatizó.

En los últimos años esa oficina, ha tenido múltiples cierres que han afectado su normal funcionamiento y de manera directa a quiénes van a realizar los diferentes trámites; situación que llevó a que la oficina retomara nuevamente funciones hasta el 14 de mayo del 2020. Sin embargo, el servicio no fue óptimo, por interrupciones frecuentes en temas de: bioseguridad, control de aforos y falta de agua", acotó.

La representante, hizo un llamado ante este ente de control mostrando las afectaciones producidas a los constructores en materia económica, denunciando que los cierres junto a las problemáticas, como la asistencia irregular de los funcionarios a laborar, además de la falta de digitación y modernización del sistema registral, han propiciado que los tiempos de los registros se demoren 50 días, además de las observaciones y anotaciones que se presentan en el 80% de los registros, lo que conlleva a que se demoren 30 días más en promedio. Lo anterior, sumado a un represamiento de 700 escrituras por registrar, así como el detrimento de los más de 30 mil empleos que genera el sector de la construcción, que se ven seriamente afectados por la falta de diligencia.

“Es lamentable que se presente esta situación con un sector que, en el Tolima, genera directamente 6.874 puestos de trabajo, y que en los proyectos que están en etapa de construcción generan 25.467 empleos”, puntualizó Matiz.

A lo que finalizó, haciendo un llamado a la superintendente “quiero pedirle en nombre de todos los tolimenses, que se tomen medidas urgentes en la ciudad de Ibagué, no solamente en materia de infraestructura, sino también en materia de tecnología y talento humano. Aquí hay que revisar que tan eficientes están siendo los funcionarios que trabajan en la oficina de Registro de Instrumentos Públicos y que es lo que está pasando para que se coloquen tantas talanqueras”