Según cifras de la Defensoría del Pueblo, los casos pasaron de 30 en 2022 a 354 en 2023, lo que representa un aumento de más del 1000 %.

“Estamos perdiendo una generación entera. El 73 % de los casos de reclutamiento se concentran en el Cauca, y la mayoría de las víctimas son menores indígenas. No solo los reclutan para combatir, sino para ejercer control social, arraigar a sus familias a las economías ilegales y fortalecer la presencia armada en los territorios”, señaló Campo.

Durante su intervención, el representante de Cambio Radical cuestionó las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional en el marco de la política de “Paz Total”, resaltando la firma de ceses al fuego sin mecanismos de verificación ni monitoreo durante más de un año. 

“En diciembre de 2022 se firmaron ceses al fuego con grupos armados, pero el mecanismo de verificación sólo empezó un año después. Esta omisión permitió que estos grupos se consolidaran militar y económicamente”, agregó.

El representante también evidenció el retroceso en la política social del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, en el Cauca: “En lugar de redoblar esfuerzos institucionales ante las alertas tempranas, se redujo la cobertura. Pasamos de atender más de 90 mil niños, niñas y adolescentes en 2022, a poco más de 60 mil en 2024”.

El Representante por el departamento del Cauca indicó que el Gobierno Nacional no priorizó a los menores en los procesos de diálogos. 

“Mientras no haya un programa serio de sustitución de cultivos y no se garantice la presencia efectiva del Estado, cada anuncio de paz será solo una llamarada de hoja seca. No se puede hablar de paz mientras se sigue reclutando a nuestros niños y niñas.” puntualizó el representante Campo.