En la plenaria de la Cámara de Representantes cuestionaron el proceso de actualización catastral que en la actualidad está implementando el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC. 

La congresista Alexandra Vásquez, que ha venido haciéndole seguimiento a este tema, mostró preocupación por lo puesta en marcha de un proceso de actualización masiva de avalúos catastrales que impactará al 44% del territorio nacional. 

“Lo preocupante no es solo la magnitud de esta medida, sino la manera en que se está implementando: sin verificaciones en terreno, sin participación ciudadana y sin mecanismos claros para evitar errores”, agregó. 

Según la parlamentaria, la actualización masiva catastral que se va a implementar en 2025 a través de la Resolución 1912 del 6 de diciembre de 2024, lejos de corregir las distorsiones en el catastro, abre la puerta a más incrementos desproporcionados en los impuestos prediales. 

“Hasta la fecha se ha venido desarrollando el proceso de actualización catastral en el país a partir de métodos indirectos como drones e imágenes satelitales y hemos evidenciado los terribles resultados que esto ha dejado. Ahora, el IGAC pretende actualizar el catastro sin siquiera verificar la realidad física de los bienes, sino aplicando fórmulas y estimaciones de valores comerciales, será un ejercicio meramente especulativo con el cual pretende actualizar el catastro en el país”, añadió. 

En el mismo sentido, explicó que teniendo en cuenta los antecedentes que hay con las actualizaciones masivas a cargo de gestores y operadores catastrales sin experiencia que han ejecutado operaciones con imprecisiones metodológicas y técnicas, como el caso de Soacha, ahora es aún mayor el riesgo de que estos mismos gestores se encarguen de procesos meramente especulativos.

“¿Dónde va a ocurrir esto? Le preguntamos al IGAC mediante derecho de petición y nos informó que dicha metodología de actualización masiva catastral se va a implementar durante el 2025 en 282 municipios de 30 departamentos, impactará aproximadamente 50,5 millones de hectáreas, lo que representa el 44,5 % del territorio nacional”, especificó.

Detalló que en Cundinamarca los municipios que serán objeto de esta metodología son: Agua de Dios, Cabrera, Chocontá, Gachancipá, Guasca, La Calera, Machetá, Mosquera, Pacho, Suesca, Tocancipá y Topaipí.

“Es alarmante que se pretenda implementar esta nueva metodología para aumentar los avalúos catastrales cuando no ha sido aprobado un proyecto de ley que permita mitigar los efectos de estos procesos. Actualmente, solo está en trámite la propuesta del Gobierno, pero no hay voluntad política para que se siga estudiando el proyecto. Solo se ha dado un debate y en junio se archiva el proyecto”, concluyó.