La implementación del Acuerdo Final de Paz va rezagada en términos de resultados, gestión y en recursos, “El Estado no ha respondido con la debida celeridad y efectividad”, concluyó el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, al instalar el Foro “Así Va la Paz", realizado en el Centro de Convenciones Ágora de Bogotá.

El jefe del organismo de control presentó en este evento un balance sobre la utilización de los recursos destinados a la implementación del Acuerdo Final de Paz que se firmó el 24 de noviembre de 2016.

Una de las principales conclusiones de este balance es que, pese a la asignación de recursos para la implementación del Acuerdo, en especial para el Punto 1, Reforma Rural Integral, no se han logrado cambios estructurales en las regiones y zonas rurales del país, ni siquiera en los municipios priorizados por los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET. Esto debido a una ejecución desarticulada que compromete la eficacia y la eficiencia de los recursos públicos.

El Contralor planteó una serie de desafíos y retos que tiene el Acuerdo de Paz, empezando con que debe haber eficiencia y eficacia en la ejecución de los recursos. Dijo que, si bien el ritmo de asignaciones aumentó a partir del año 2021 frente a lo estimado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, se requiere en los próximos años realizar un mayor esfuerzo en mejorar la calidad del gasto, de tal manera que se atiendan las necesidades de los territorios y comunidades.

Requirió que se garantice el acceso equitativo de todos los territorios a fuentes de financiación como el OCAD Paz y el mecanismo de Obras por Impuestos, evitando incentivos para el favorecimiento de unos pocos.

El balance del Contralor

“Hoy, a ocho años de la firma del Acuerdo Final, nuestro compromiso desde la Contraloría General de la República es velar por la transparencia y la eficacia en la utilización de los recursos destinados en su implementación”, destacó el Contralor General al presentar un extenso balance sobre el tema, que se resume así:

Resultados de auditorías y procesos fiscales en curso

Adicional a los informes al Congreso, la Contraloría General ha realizado 142 ejercicios de Control Fiscal Micro a los sujetos de control fiscal responsables de la ejecución del Acuerdo Final y la Política Pública de Víctimas entre auditorías financieras, de cumplimiento, desempeño y actuaciones especiales de fiscalización. 

En materia del Acuerdo Final, desde 2018 hasta el primer semestre de 2024, se han detectado 511 hallazgos administrativos, de los cuales 102 tienen incidencia fiscal por $141 mil millones de pesos; 262 hallazgos con presunta connotación disciplinaria, 10 con presunta incidencia penal y 16 para trámite de indagación preliminar.

Y en cuanto a la Política de Víctimas, entre 2023 y 2024, se realizaron 8 auditorías con hallazgos de connotación: 183 administrativos; 37 con incidencia fiscal y un posible detrimento patrimonial por $27.767 millones, 133 con connotación disciplinaria y 4 con incidencia penal. 

Actualmente, están en curso 57 procesos de Responsabilidad Fiscal relacionados con entidades del Sistema Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, SNARIV, por un valor de $43.681 millones.

Entre 2018 y 2024, la Contraloría General ha realizado auditorías a 616 proyectos en OCAD PAZ por valor de $7,3 billones, equivalentes al 89% de los recursos del Sistema General de Regalías, SGR, destinados a la paz. Se han consolidado hallazgos con incidencia fiscal por $522.268 millones y se tienen 15 beneficios de auditoría por $41.842 millones.

Adicionalmente, la Contraloría General realizó auditorías intersectoriales y articuladas al Fondo Colombia en Paz sobre las vigencias 2019 a 2023, en las cuales determinó 37 hallazgos administrativos, 14 de estos con incidencia fiscal por $20.315 millones, hay 2 con presunto carácter penal, 29 con posible connotación disciplinaria y 2 hallazgos para trámite de Indagación Preliminar.

Informe Posconflicto 

En el Octavo Informe de la Contraloría General de la República al Congreso sobre los recursos del posconflicto, se concluye que desde 2017 hasta marzo de 2024 se han ejecutado $88,5 billones, que representan el 45% del total. En 2023 se ejecutaron $15,7 billones.

Informe de Seguimiento a la Ley de Víctimas

En el undécimo informe al Congreso sobre la Ley de Víctimas, presentado al Congreso el pasado 20 de agosto, la Contraloría puntualizó que entre los años 2012 y 2023 la nación ejecutó a precios constantes de 2024 recursos por $218,5 billones, con una asignación para 2024 de $21 billones. Para cumplir con las medidas a la población víctima pendiente, el cálculo de la Contraloría entre 2024 y 2031 es de $303,9 billones constantes de 2024.

Informe de Seguimiento a los Decretos y Leyes Étnicos

Pese al aumento de los recursos en 2023 frente a la vigencia anterior, la Contraloría insta a las entidades encargadas de implementar la política pública de víctimas étnicas para que realicen una distribución y desagregación específica para estos pueblos en todo el territorio. 

Análisis de fuentes de financiación

El Presupuesto General de la Nación -PGN- es la principal fuente de financiamiento del Acuerdo, con un 60% del total de los recursos, y la Contraloría ha encontrado problemas en su ejecución relacionadas con deficiencias en la formulación, estructuración de proyectos de inversión y baja coherencia con los objetivos del Acuerdo, y ha advertido que los componentes de los proyectos no son exclusivos a temas de paz.

Frente al Mecanismo de Obras por Impuestos para impulsar el desarrollo de las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (ZOMAC), a junio de 2024, se aprobaron 361 proyectos por $2,5 billones. No obstante, el 85% de los recursos se concentran en 12 de ellos con un valor de $2,12 billones. En sus informes de seguimiento, la Contraloría ha alertado sobre problemáticas como incorporación de líneas de inversión no afines con el Acuerdo e inobservancia del principio de publicidad, pues no existe reporte de información contractual.

Como principal instrumento financiero para la ejecución de los recursos de la paz, se creó el Fondo Colombia en Paz, como un patrimonio autónomo que opera bajo el régimen de derecho privado para darle “excepcional agilidad”. Sin embargo, no ha contado con coordinación, articulación, focalización y ejecución de las diferentes fuentes de recursos. Este se financia en un 95% con recursos del Presupuesto General de la Nación y no integra otras fuentes públicas, tal y como se contempló en el Acuerdo.