La encrucijada de Aranda ante el informe de la CGR sobre el fallido puente de la 60
Ser leal a Andrés Hurtado, su mentor político y predecesor en el cargo, o actuar con la transparencia que al parecer se necesita para cerrar el capítulo del fallido puente elevado de la calle 60: este es el dilema al que se enfrenta la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda.
La mandataria queda en una posición compleja tras conocerse las serias observaciones de la Contraloría General de la República (CGR) sobre el proyecto.
El informe de la CGR señala presuntas fallas en la planeación del contrato, desembolsos cuestionables y pagos irregulares de la interventoría, aspectos que Aranda debe considerar antes de tomar una decisión. (Ver más: El demoledor informe de la Contraloría General de la República por el fallido puente de la 60)
Si la alcaldesa sigue los consejos de algunos asesores de su administración, cercanos a Hurtado, y decide revertir la liquidación del contrato, podría beneficiar a la administración anterior. Sin embargo, esto podría tener un alto costo para ella, pues, en caso de que se confirmen irregularidades, Aranda podría verse implicada al respaldar un proyecto que ha sido objeto de fuertes críticas.
Por otro lado, si Aranda opta por dar un cierre definitivo al contrato con el Consorcio Puente Carrera Quinta, decisión respaldada en su momento por la exjefa de contratación Margarita Rueda, estaría, al parecer, velando por los intereses de la ciudad, aunque eso podría tener repercusiones para Hurtado y los ingenieros y abogados involucrados en la gestión del proyecto.
La respuesta de Aranda a la CGR, cuyo plazo vencía en las últimas horas, se da en un contexto de reuniones en su despacho con representantes del contratista y la interventoría.
