La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una indagación previa contra el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla González; el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco; y el exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González, por su presunta participación en los hechos de corrupción que se habrían presentado en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Por los mismos hechos la Sala Disciplinaria de Instrucción vinculó al expediente al embajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero; y a los congresistas Wadith Alberto Manzur, Julio Elías Chagüi Flórez, Karen Astrith Manrique Olarte, Liliana Esther Bitar Castilla, Julián Peinado Ramírez, Juan Diego Muñoz Cabrera, Juan Pablo Gallo Maya, y Germán Rogelio Rozo Anís.

El Ministerio Público sostuvo que se analizará la eventual participación de los funcionarios en la estrategia que permitió entregar contratos, con cargo a recursos de esa entidad, a cambio de votos a favor de los distintos proyectos de ley y reformas del Gobierno.

La actuación disciplinaria que inició el Ministerio Público busca individualizar a los posibles responsables, determinar la ocurrencia de la conducta, establecer si es constitutiva de falta disciplinaria y definir si los implicados actuaron o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.

Contra la exconsejera para las Regiones

La Procuraduría vinculó a la exconsejera Presidencial para las Regiones, Sandra Liliana Ortiz, a la indagación previa en el expediente que se abrió contra los congresistas Iván Leonidas Name Vásquez y Andrés Davids Calle Aguas, por supuestamente recibir dinero proveniente de un contrato suscrito por la UNRGD para la compra de 60 carrotanques para trasladar agua potable a La Guajira.