En una decisión histórica, la Contraloría General de la República abrirá un proceso de responsabilidad fiscal contra el exgobernador del Guaviare, Heydeer Palacio, por la construcción de una manga de coleo ilegal que costó dos mil 648 millones de pesos.

La decisión se produce tras más de un año de indagaciones motivadas por una denuncia de la senadora Andrea Padilla, quien calificó la decisión del ente de control como “un hito en la defensa de los recursos públicos y de las normas contra el maltrato animal”.

La congresista indicó que “esta decisión de la Contraloría, que podría derivar en la obligación fiscal del gobernador de reembolsar a los guaviarenses el dinero malgastado es un mensaje claro para los gobernantes que creen que la ley no es para ellos o que los recursos públicos están para satisfacer sus caprichos políticos. Las normas de protección animal deben cumplirse, so pena de consecuencias fiscales, penales o disciplinarias, que probablemente las habrá en este caso”, explicó.

En este caso, la Contraloría decidió, por unanimidad del consejo intersectorial de contralores, que: 1) hubo una afectación por la totalidad del costo de la obra: $2.648 millones; 2) se trató de un contrato ilegal, puesto que se usaron dineros del Sistema General de Regalías que tenían destinación específica para asuntos como saneamiento básico e infraestructura educativa, y se desconocieron las normas de protección animal, especialmente la sentencia C-666 de 2010 que prohíbe el uso de recursos públicos para la construcción o mejora de edificaciones dedicadas exclusivamente a actividades de maltrato animal, incluyendo el coleo; y 3) el hallazgo tiene incidencia disciplinaria, fiscal y penal.

Por su parte, la senadora Andrea Padilla resaltó la importancia disuasoria de la medida, al señalar “el incumplimiento reiterado que ha habido de la sentencia C-666 de 2010 sobre manifestaciones culturales crueles con animales. Los gobernantes deben acatar las normas y entender que los recursos públicos no son para satisfacer sus gustos personales, sino para atender las necesidades sociales y ambientales de sus territorios. Ni la sociedad, ni los entes de control podemos seguir alcahueteando la corrupción, y la malversación de recursos públicos también es corrupción”, concluyó.