Uno de los ponentes de la iniciativa es el senador Jonatán Tamayo Pérez del Partido ASI, quien ha reconocido que el proyecto viene de tras, de los ex congresistas Mauricio Aguilar y María Eugenia Triana, el primero senador y la segunda, fue representante a la Cámara.

El objetivo del proyecto es reconocer mediante una tarjeta profesional la labor que desempeñarían los comunicadores sociales y/o periodistas de Colombia, recordemos que esta profesión hoy en día está siendo ejecutada de manera empírica sin la debida titulación universitaria.

Según ha conocido Ecos del Combeima, ya existen pronunciamientos por diferentes asociaciones donde no están de acuerdo con este proyecto de ley que cursa en el Congreso, se trata así de la alianza conformada por la Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI), la Fundación para La Libertad de Prensa (FLIP), la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI) y Friedrich Ebert Stiftung en Colombia (FESCOL), agrupadas en el denominado Proyecto Antonio Nariño (PAN).

Una de ellas, PAN ha manifestado que:

“¿Desde cuándo los ingresos de un periodista son un criterio válido para acreditar la calidad, rigurosidad o importancia del trabajo periodístico? […] Este proyecto de ley no tiene en cuenta los artículos y sentencias que él mismo invoca como relevantes (y) crea un riesgo alto de discriminación al crear periodistas de primera y segunda categoría, violando el derecho a la igualdad”.

Según publicación del periódico El Tiempo el ‘meollo’ del asunto está en que al parecer se quiere volver a crear una tarjeta profesional para los comunicadores.

“La idea es que debe ser solicitada por cierto tipo de personas que hayan cumplido requisitos de estudios, experiencia o porcentaje de ingresos económicos derivados del periodismo, según lo establecido en su artículo 7°. Si la norma es aprobada, sólo estas personas podrían obtener la tarjeta profesional y acceder a los derechos que se reconocen en el artículo 4° del articulado, esto es, al secreto profesional, al libre acceso a los lugares e información de interés público, al derecho de petición y demás solicitudes invocando la Ley de Transparencia o a la objeción de conciencia, entre otros. Y aunque se aclara que esa credencial no es obligatoria y se entregará solo a quienes la soliciten voluntariamente”.

Es así como también se quedarían por fuera aquellos que:

"No hayan cursado estudios universitarios en ese campo y que no tengan más de 15 años de experiencia; los que no tengan 15 años de experiencia pero que, a pesar de ejercer el periodismo, no obtengan el 70% de sus ingresos de esta actividad y los que no logren “acreditar” 15 años de experiencia, incluso teniéndola". 

Conozca aquí la nota completa de El Tiempo.